La Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo ha notificado a otros cinco concesionarios de canteras la obligación legal que tienen de presentar los avales financieros previstos en el Real Decreto de 12 de junio de 2009 para poder afrontar la futura restauración de la sierra.
Se trata de las empresas Pastor Guevara Piedra Natural, con arrendamiento parcial denominado Macael Viejo; Mármoles José González López e hijos, con arrendamiento Barranco Zarza Azules; Macael Dorado, con arrendamiento Cerrillo del Mojón, en el término municipal de Olula del Río; Aleros Los Carlotos, con arrendamiento denominado Falderas de Jotatell; y Piedras y pizarras de Macael, con arrendamiento denominado Macael Viejo.
Junto a éstos, hay, al menos, otro medio centenar de arrendatarios que explotan 88 canteras a los que se les ha hecho saber desde el departamento provincial de Minas, a lo largo de los últimos seis meses, la exigencia legal que tienen de presentar los avales.
La ‘guerra de los avales mineros de Macael’ estalló pasada semana cuando la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía decidió en una comparencia de prensa hacer público el descontento existente entre los concesionarios de las canteras por esta garantía exigida por la administración provincial. “Para las empresas del sector supone una asfixia financiera”, expresó el presidente del colectivo, Antonio Sánchez Tapia.
La clave de este espinoso asunto, que mantiene en vilo al sector, es la fórmula adoptada para restauración ambiental de las explotaciones de mármol. Algo en lo que empezó a pensarse por primera vez a partir del Plan Director de 1988. Se aprobó entonces un canon de restauración del 10% con el que se llevó a cabo la recuperación paisajística de algunas canteras del municipio.
En 2009 entró en vigor un Real Decreto en el que se incorporaron cambios y se inició una negociación en la que, mientras tanto, no se aplicó ninguna medida para la restauración. Fue en 2015 cuando se convino entre ambas partes aplicar el método de instrucción mediante el pago de 12 céntimos por tonelada extraída de la sierra de Los Filabres.
Los empresarios no entienden por qué en 2017, el departamento de minas de la delegación entiende que las empresas tienen que presentar un aval por los treinta años de concesión “que estrangula su situación financiera”.
El delegado de Empleo, Miguel Ángel Tortosa, expone que con la tasa aprobada no está garantizado que haya recursos suficientes dentro de 30 años para abordar la restauración de las canteras. Los expedientes, mientras tanto siguen su curso.
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