El 67% de trabajadores de Almería gana menos de 1.000 euros al mes

Los sindicatos UGT y CCOO han celebrado el Día Internacional por el Trabajo Decente anunciando una amplia campaña reivindicativa, que puede desembocar en movilizaciones, para reclamar un empleo que se pueda llamar al menos digno.

Para denunciar la precaria situación por la que atraviesan los asalariados se basan en los datos que ofrece la Agencia Tributaria, unos datos que, entre otras cosas, evidencian que el 67 por ciento de los empleados almerienses percibe menos de mil euros mensuales por su trabajo.

Pobreza laboral
Si el dato ya es preocupante, más aún impacta el hecho de que un 25 por ciento de la clase trabajadora de Almería percibe menos del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, es decir sueldos por debajo de los 350 euros.

Al dato se une el hecho de que Almería tiene una de las mayores tasas de temporalidad del país, por encima del 26 por ciento del total de los empleados, que rechazan la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP porque, desde entonces, menos del 45 por ciento de los contratos realizados son indefinidos.

Fraude en el empleo
La cuestión es considerada como un “fraude laboral” tanto por parte de la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, como del de Comisiones Obreras, Antonio Valdivieso, sobre todo a causa de lo que califican de “abusos en la contratación por parte de las empresas”.

La situación, a juicio de las organizaciones sindicales permitida por las autoridades laborales, ha permitido que la situación de precariedad se lleve al extremo y que un 25 por ciento del total de los contratos que se han formalizado en los últimos años tengan una duración inferior a los siete días.

A la cola de Europa
La reforma laboral, y el uso que se está haciendo de esas normas, contrasta a juicio de ambos sindicatos con los datos que apuntan a una recuperación económica en los últimos años. En los tres últimos años las pymes han ganado 36.000 millones de euros y un 85 por ciento de las empresas llevan al menos tres años creciendo en ingresos en un ámbito de recuperación económica.

Para Vidal y Valdivieso, ha llegado la hora de que esa recuperación se traslade también a los salarios, un paso necesario para poner fin a la llamada ‘pobreza laboral’, ya que más de 150.000 trabajadores de la provincia apenas pueden hacer frente a sus gastos corrientes y están en riesgo de exclusión social.

Para los sindicatos es preocupante que cuando se está hablando de recuperación, y a niveles más altos que en el conjunto de la Unión Europea. España ocupa los últimos lugares en índice de pobreza laboral, sólo por delante de Rumanía o Grecia, a pesar de la supuesta mejora de la situación económica.

Precariedad
Las cifras extraídas de los datos de la Agencia Tributaria son tajantes y señalan que el paro juvenil en la provincia superar el 36 por ciento, que el 95% de los contratos que se firman son temporales, o que el salario medio de los trabajadores y trabajadoras de la provincia se ubica entre los tres últimos puestos del país, un 21 por ciento inferior a la media española. Para los líderes sindicales, una situación “vergonzosa e insostenible”.

Tanto la precariedad como el bajo nivel salarial condicionan, de hecho, tanto las prestaciones por desempleo son más escasas (más del 40% de parados no perciben subsidio alguno) y la provincia tiene las pensiones más bajas del país porque las cotizaciones son más bajas también.

Actuar ahora 
Para los sindicatos de clase es preciso que el esfuerzo realizado para salir de la crisis tenga un reflejo en los salarios y en los derechos perdidos por la clase trabajadora en estos últimos años. Reclaman para ello un plan de choque para el empleo de los colectivos más vulnerables (jóvenes, mujeres o parados de larga duración), un sistema de Seguridad Social que preste cobertura a los desempleados, apoyo para crear empleo “estable y de calidad”, un esfuerzo por reorientar las políticas activas de empleo y, por supuesto, unos salarios dignos capaces de reactivar el consumo y con él la economía española.

UGT y CCOO lamentan que las irregularidades que se están produciendo en el mercado laboral gocen de una impunidad que anima a quienes aprovechan la lasitud de las políticas, y de las inspecciones que deberían realizarse, para generar situaciones de ‘fraude laboral’ “que no estamos dispuestos a tolerar”.