Almería, la provincia con más suelo protegido de Europa en términos relativos (una de cada tres hectáreas), es también, en términos relativos, la provincia andaluza que más retrasos sufre en la tramitación de expedientes ambientales. Y esta demora, detallada ayer en un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha supuesto para la provincia que se acumulen 536 expedientes pendientes de resolución que hubieran propiciado de 11.300 puestos de trabajo.
Almería solo se ve superada, en este negativo informe, por Málaga, con 1.207 expedientes paralizados, y Sevilla, con 735, pero con una población y una superficie mucho mayor. El informe fue presentado ayer ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y pone de manifiesto que el colapso administrativo en la tramitación de los 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes en Andalucía, que han podido frenar inversiones por 6.500 millones, incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables.
La consejera Carmen Crespo ha comentado que anteriormente existía “una falsa protección medioambiental de palabra que, realmente, lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía”.
La tramitación de estos expedientes, según el mencionado informe, ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan más del 11% de la población desempleada en Andalucía.
La Consejería considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 empleos.
La Junta ha acordado modificar la Ley de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y se va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales.
El informe elaborado por la Consejería concluye que, en la actualidad, hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental.
En este último ámbito se encuentra la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses de media.
648 expedientes para chiringuitos
El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimoterrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias serán objeto de un Plan Específico dirigido a dar solución a un problema concreto, cuyo procedimiento es tan complejo que impide calcular los tiempos de espera para obtenerlas. Se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autónoma andaluza.
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