Más de 500 denuncias por casas ‘okupadas’ en la provincia

La empresa Desokupa,  fundada por Daniel Esteve, dedicada a persuadir a las personas que okupan viviendas para que cejen en su actividad, asegura que cada vez reciben más llamas de Almería. Una de las últimas fue la de un anciano de débil salud al que un operario que le cuidaba los árboles le habían okupado su cortijo en Nacimiento.

Almería, con uno de los principales stocks de casas aún sin vender de la época del boom inmobiliario -en torno a 10.000- es también una de las provincias que se ha movido desde 2013 a 2018 en la zona caliente de mayor número de intervenciones para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente.

En un informe dado a conocer ayer por el grupo VPS, especializado en el sector inmobiliario, con  los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el último ejercicio de 2018, en Almería se presentaron 525 denuncias por usurpación de propiedades inmobiliarias, frente a las 733 de 2017. En 2015 fueron 693 denuncias y en 2016, 496, dentro de una actividad judicial que se ha movido con oscilaciones de dientes de sierra.

En el informe se señala que “los motivos de que no se extirpe del todo esta actividad fraudulenta son “la legislación vigente, el parque de viviendas vacías y la salida de la crisis. En todo el territorio español se registró en 2018 el dato más alto con 10.619 delitos y faltas por ocupaciones de inmuebles, tras la tendencia a la baja que empezaba a definirse en 2016 y 2017.

En el caso de Almería, hay barrios como el de Villablanca que han sufrido la invasión de okupas en los últimos años en propiedad, la mayoría, en entidades financieras. Según el estudio presentado, el número de denuncias ha descendido por la desconfianza de los propietarios ante la ley. VPS advierte del efecto llamada que puede generar la nueva Ley del desahucio exprés que entró en vigor hace un año y cumple 11 meses “sin muchos resultados”.

 La norma, que protege a los propietarios, excluye a las personas jurídicas, “lo que evita que bancos, cajas de ahorro y fondos buitre puedan acudir a ella”. La mayor parte de las casas ocupadas irregularmente pertenecen precisamente a entidades financieras. 

El estudio detalla el coste de la ocupación: desde que una vivienda es ocupada hasta que es liberada de nuevo el propietario se enfrenta a unos costes que oscilan entre los 25.000 y los 30.000 euros. Dichos costes tienen en cuenta el lucro cesante durante el período en el que la vivienda está ocupada y los gastos en arreglos que de media tienen que soportar los propietarios una vez que las viviendas han sido desocupadas. 

En esta normativa entra tanto el que ocupa ilegalmente  una vivienda forzando la cerradura o tirando la puerta, como el que no paga el recibo del alquiler al propietario. La reforma de la Ley apuntó a la posibilidad de desahucios en 30 días, pero la práctica alarga el tiempo.

Un administrador denunciado por Okupas
Vera es uno de los municipios de la provincia que más está viviendo las consecuencias de la ocupación ilegal de viviendas vacías por ser un destino turístico con proliferación de segunda vivienda. Por este motivo, recientemente partidos políticos como Ciudadanos han reclamado “medidas urgentes e inmediatas” para actuar contra la ocupación ilegal de viviendas que, según la formación naranja, está “proliferando en el municipio y, sobre todo”. Por este motivo, Ciudadanos solicita “que se cumpla con la actual legislación, en la que ya se contempla el ‘Desahucio Exprés’, pese a que esta medida no puede aplicarse en medidas propiedad de entidades bancarias. Hace unos meses se dio la paradoja, según Ciudadanos, de que un administrador que había cambiado la cerradura de la puerta común,fue denunciado por los propios Okupas.