El fondo dueño de Rambla Morales no irá contra los agricultores

La venta de la cartera de impagados de La Caixa (Caixabank) a un fondo de inversión internacional, que se hizo con los derechos de la planta desaladora de Rambla Morales, se realizó el pasado mes de julio, pero la entidad financiera incluyó entre las condiciones del trato no proceder contra los agricultores de la zona.

Así lo señalan los propios interesados a través de sus comunidades de regantes, conscientes de que desde la dirección de La Caixa se ha querido salvaguardar a los agricultores que formaron parte del proyecto de cualquier obligación de pago de los créditos pendientes.

La deuda
La cuestión es que Caixabank incluyó la desaladora de Rambla Morales en un fuerte paquete de créditos impagados que sacó a la venta y fue finalmente adquirido por un ‘fondo buitre’ internacional. Ese paquete, que fue valorado en más de 700 millones de euros, recogía entre los activos pendientes los que se refieren a la planta desaladora almeriense.

La deuda acumulada por los créditos concedidos en su día a esta proyecto, hace casi dos décadas, ascendía a algo más de 120 millones de euros, pero los diferentes cambios producidos en la comunidad creada para el desarrollo del plan para construir la desaladora dejaron a la entidad en una posición de dificultad para la ejecución de esa deuda pendiente.

Difícil cobro
Finalmente Caixabank decidió desprenderse de una deuda considerada desde hace años como de difícil cobro, ya que los tribunales rechazaron las demandas que se promovieron para intentar que los agricultores implicados respondieran de forma solidaria para el pago de esos créditos.

Por ello la sacó a subasta y se le adjudicaron esos activos ‘morosos’ al fondo de inversión que es ahora propietario de los créditos. El precio final de esos activos se quedó en poco más de dos millones y medio de euros, muy lejos de la deuda pendiente. Sin embargo, la entidad quiso dejar fuera de esta operación a los agricultores y por ello impuso entre las condiciones no  proceder contra los agricultores.

Así las cosas, el fondo actual propietario de esa deuda ha elegido como mejor salida, para intentar rentabilizar su inversión, poner la planta en el mercado y ofrecerla a algunas de las mayores empresas de gestión de recursos hídricos, tanto nacionales como multinacionales.

Reactivación
La idea es que alguno de esos grupos, entre los que han trascendido los nombres de empresas públicas como Acuamed, o de privadas como Aqualia o Aguas de Barcelona, adquiera esos derechos y ponga en marcha proyectos para rehabilitar unas instalaciones que en la actualidad están deterioradas para que vuelva a entrar en producción.

El paso previo ya se está produciendo por parte de esos grupos, posibles compradores de las instalaciones, en desuso desde hace ya más de una década, y se trata de negociar con los regantes, básicamente los de Níjar, un compromiso para la compra del agua que puede producir la planta. Para entidades como la Comunidad de Regantes de Níjar, el punto clave es que el precio final del agua esté por debajo del que pagan a la desaladora de Carboneras.