Derogan la norma que obligaba a los campos de golf a ser de interés turístico

Se cerró la mano y ahora se vuelve a abrir: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer derogar la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico. Considera la Junta para tomar esta decisión, adoptada por un anterior gobierno autonómico socialista, que “la experiencia ha demostrado que es ineficaz y a la vez lograría una mejor adecuación al principio de autonomía local”.

Es una de las 27 normas aprobada ayer en San Telmo por el Gobierno andaluz para favorecer la economía y simplificar la tramitación de proyectos. 

Cabe recordar que a finales de 2007 había hasta 14 proyectos de campos de golf en la provincia.

El frenazo fue tal que a la vuelta de unos pocos años, de los 14 proyectos que se barajaban, ninguno terminó saliendo adelante. Tan solo ahora el de Pechina parece que tiene visos de final feliz. Y a la recíproca, la provincia se dejó uno en el camino, el de Macenas Golf, cerrado desde hace años y ahora en venta por parte del Banco Malo.

Almería, no obstante, no fue una excepción: el resto de Andalucía sufrió un pinchazo similar con múltiples proyectos truncados, sobre todo en Málaga y Cádiz.

Los campos de golf tramitados en la provincia hasta finales de 2007 eran los de Gran Canyon, en Sorbas; el grupo murciano López Rejas, entre Los Gallardos y Bédar; Nuevo Cortijo Grande, en Turre, impulsado por el Grupo irlandés Colt; Ballabona Golf, en Huércal-Overa, con capital almeriense y murciano; Fadesa, en Antas, antes de que cayera en picado la inmobiliaria gallega que compró Martinsa; Ródenas -Golf, en Níjar; Las Salinas, en Roquetas de Mar, la Ensenada de San Miguel, en El Ejido; Los Vélez Golf, en un proyecto participado por el arquitecto Gonzalo Hernández Guarch; Hoya Altica y Buenavista, en el término municipal de la capital, cerca del Kilómetro 21 y Mundo Aguilón, en Pulpí, el último que ha sido construido, ya en funcionamiento.

El decreto andaluz de ordenación de campos de golf que ahora se deroga y que entró en vigor a comienzos de 2008 y que regula desde entonces esta actividad en la región ya frenó en parte algunas de las iniciativas, puesto que limitaba la construcción de viviendas a 500 en un mínimo de 70 hectáreas. 

El decreto garantizaba el acceso público a los campos de golf siempre que se cumplan las normas federativas. Los campos, sin viviendas adosadas, deberían tener una superficie mínima de 20 hectáreas.