El sector de la seguridad privada y UGT han solicitado que se reconsidere la decisión sobre la vigilancia de las playas de la Junta debido a que "los vigilantes de seguridad privada, sobre la base de la formación adquirida tanto con carácter previo a su habilitación administrativa como durante su desempeño profesional, han realizado una labor encomiable en la garantía del control de aforos y distanciamiento social en espacios semipúblicos como supermercados o redes de infraestructuras de transporte".
"Unas funciones expresamente asignadas por la normativa en vigor para la garantía del distanciamiento social en espacios abiertos al público tras el inicio de la Fase 2, como son los centros comerciales", han explicado en un comunicado, señalando que se trata de "unas actuaciones desempeñadas, todas ellas, desde el carácter complementario y especialmente colaborador de la seguridad pública que establece la Ley de Seguridad Privada, reforzado, si cabe, durante la vigencia del estado de alarma".
En este sentido, han calificado de "sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujetos a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley, la Junta de Andalucía haya optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles de garantía para los ciudadanos".
En este sentido, tanto FeSMC-UGT Andalucía como Aproser Andalucía solicitan "la reconsideración urgente de la medida propuesta" y, en la línea de lo manifestado en las últimas semanas, "a pesar de no haber sido atendido hasta el momento, reiteran su ofrecimiento para compartir su conocimiento para poner en marcha una solución alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas".
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