El precio mínimo a las hortalizas enfrenta a Coexphal y Ecohal con Asaja, Coag

La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en febrero justo antes de decretarse el Estado de Alarma, ha estallado creando tensiones entre los diferentes agentes del sector agrario almeriense. La clave de este nuevo texto legal es el del establecimiento de un precio mínimo de  las frutas y hortalizas, según el coste de producción que estime el agricultor. 

El lunes fueron las cooperativas de Coexphal las que calificaron la nueva normativa como “una condena para el campo almeriense”, alertando de que es imposible de cumplir por parte de los agricultores y las empresas y que podría reportar sanciones cuantiosas para los distintos operadores en el negocio del invernadero.

Las organizaciones agrarias almerienses, por su parte, han replicado valorando positivamente la modificación de una Ley que está en vigor desde 2013 “a la que se necesita dar un desarrollo reglamentario para el establecimiento de los costes y que debe estar listo para la próxima campaña”. 

Para Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, “que los agricultores almerienses no vendan por debajo de costes de producción creo que es un logro histórico y es producto de nuestras movilizaciones multitudinarias”.

Añade Góngora que “parece que algunos se han asustado al ver esto y lo preocupante es que no son las grandes cadenas de distribución las que están haciendo más ruido en contra, sino las propias empresas de comercialización en origen”.

Considera Góngora también que “los agricultores no podemos sobrevivir en una continua especulación y lo natural es que se cumpla la ley de tener un precio en el contrato y que al menos cubra costes, como indica ahora la legislación”.

Sin embargo, la realidad es otra, como reconocen algunos operadores de forma extraoficial: se siga vendiendo a resultas, es decir enviando mercancía sin contrato previo ni precio y por debajo de los costes de producción”.

El campo almeriense sigue atomizado, porque en la Interprofesional, donde están las empresas, no están representantes de Asaja y Coag  sí de UPA- por continuos desencuentros en asuntos como la gestión de mercado y en los precios de retirada. 

Para Góngora, con la nueva norma de precio mínimo “se pone a nuestra disposición una herramienta con la que mejorar nuestra posición negociadora y para denunciar abusos”.

“Se trata de construir el valor de lo que nos cuesta producir y no de que nos dejen las sobras como nos viene ocurriendo, sin que el consumidor pague más”, explica.