Rambla Morales: una desaladora que sale por fin del dique seco

Un par de días antes de que el Consejo de Ministros decretara el Estado de Alarma por el virus que vino de China, se deshacía el nudo gordiano de Rambla Morales, la desaladora construida en tiempos del dinero fácil y que apenas ha llegado a funcionar en 13 años de vida.

Este periódico informaba entonces, en esos días de inquietud por la pandemia, que Aqualia, la compañía controlada por el mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se hacía con la escritura del ingenio hidráulico varado en el Campo de Níjar.

Diez meses después del  inicio de Estado de Alarma, que aún sigue en vigor, Aqualia, filial de aguas del conglomerado empresarial  FCC, se dispone a presentar el proyecto el próximo martes para reflotar el artefacto y poder regar en su zona agrícola de influencia. 

Al acto asistirán el director de Andalucía de Aqualia, Lucas Díaz, y el director de la delegación de Almería-Jaén, José Colomina. También participarán la delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y la concejala del Ayuntamiento de Níjar, Yolanda Lozano. 

La idea en ese primer momento de la filial de aguas del conglomerado empresarial FCC -concesionaria del servicio de agua domiciliaria en Almería- es invertir entre 50 y 60 millones en la rehabilitación de la maltrecha infraestructura y la red de tuberías. 

Aqualia pagó 2,5 millones de euros por la deuda de La Caixa, que ha adquirido a un ‘fondo buitre’, quien se lo adjudicó el pasado mes de julio proveniente de un paquete conjunto puesto a la venta por la entidad financiera. Una de las condiciones del acuerdo de compraventa de la instalación es la condonación de una deuda de más de cien millones con los agricultores de Rambla Morales, tras las irregularidades afloradas en las cuentas de la Comunidad de Regantes formada por 700 comuneros. 

Rambla Morales se construyó para una capacidad máxima de 20 hectómetros para una superficie de más de 3.000 hectáreas. La planta solo funcionó dos años, desde su construcción en 2007, y nunca por encima de un 15% de su capacidad total. La deuda acumulada por el crédito concedido en 2004 a este proyecto, hace casi dos décadas, ascendía a más de 120 millones de euros.