Denuncian por estafa al presidente de los regantes de Níjar

El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería ha abierto diligencias previas por una denuncia por estafa y apropiación indebida contra el presidente de la Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar Antonio López Ubeda. También la Guardia Civil está investigando los hechos denunciados en coordinación con el citado juzgado. 

La denuncia ha sido presentada por los comuneros Joaquín Membrives Montes y Aureliano Méndez Cerdán. En la denuncia se expone que “la Comunidad  tiene un convenio suscrito con Acuamed para la distribución de 27 hectómetros  de agua desalada de la  Desaladora de Carboneras para 7.700 hectáreas de la Comunidad, pero a partir de 2016, López Ubeda empezó a incorporar nuevos comuneros con certificados de agua que dieron lugar a poner unas 2.000 hectáreas más en regadío en terrenos que eran forestales”.

La exposición de los denunciantes añade que “para hacer esta operación maquinó unos derechos que no eran en propiedad, estando en precario, y solo para regar si sobraba agua. A pesar de todo las entidades financieras dieron préstamos para adquirir estas fincas y se recalificaron los terrenos como agrícolas por parte de la Junta de Andalucía beneficiando a importantes empresas”. Según los denunciantes “el señor López Ubeda ha vendido un agua que no tenía, pues solo dispone de 27 hectómetros y ha vendido más de 30 hectómetros y además les ha cobrado todas las obras de ¡infraestructura, sin que se beneficien en nada los comuneros que desde un principio se les calculó una cantidad anual, y siguen pagando la mismas, al igual que lo hacen los nuevas hectáreas incorporadas, cobrando por lo tanto, la obra por dos veces, y esto le ha permitido tener a la Comunidad en sus cuentas más de siete millones de euros, que gestiona y administra el Sr. López Úbeda, desconociendo el resto de los comuneros que pasa con ese dinero, parapetándose en la situación sanitaria que impide la celebración de cualquier tipo de reunión para que dé cuenta de sus actuaciones”.

Exponen también que “la situación se agrava al solicitar López que el Convenio con Acuamed se transformara en concesión administrativa y para eso es previsible que queden fuera más de 2.000 hectáreas que se han incorporado de forma irregular, dando un agua que no se tiene”.