“Andalucía no perderá ayudas con la nueva PAC, sólo se redistribuirán”

El reparto de las ayudas de la PAC enfrenta a administraciones y administrados. Nadie quiere ceder en sus reivindicaciones y el escenario se ‘envenena’ con declaraciones cruzadas. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel De la Fuente trata de dar respuestas a esas dudas.

¿El decreto de transición de ayudas de la PAC parece haber levantado ampollas en Andalucía, ¿hay razones para ese temor que manifiestan de poder perder la mitad de los 1.300 millones que percibían hasta ahora?

Lo primero que hay que explicar es que el proceso de convergencia no quita dinero, lo que hace es redistribuirlo entre beneficiarios en función de un criterio objetivo y justo: que dos agricultores que hacen lo mismo en las mismas circunstancias reciban las mismas ayudas. Se trata de eliminar una situación desequilibrada y discriminatoria por la que muchos agricultores y ganaderos llevan más tiempo de la cuenta cobrando menos de lo que les pertenecería.

En la práctica, esto supone que en una misma región el dinero disponible es el mismo. Si dividimos esa cantidad por el número de agricultores que reciben ayudas, se obtiene una media. Lo que hace la convergencia es ir acercando a todos, gradualmente, a esa media; es decir, el que cobra por encima verá poco a poco reducidos sus ingresos y el que cobra por debajo los verá aumentados. Cuando todos se sitúen en la media, de acuerdo con el principio de igualdad que decía antes, la convergencia habrá terminado.

Hay que explicar que este proceso nos lo exige la UE desde 2015, que España lo está haciendo con mucha lentitud y que la Comisión ha vuelto a insistir para que se profundice en él. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 sobre el régimen de pago básico destacaba la escasa redistribución conseguida con la convergencia aplicada en España.

¿Se está buscando el consenso con los representantes de los agricultores para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de las ayudas?

La elaboración del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España ha supuesto, en su fase de diagnóstico, centenares de reuniones con todos los agentes del sector. Lógicamente, hay intereses encontrados y consenso es una palabra muy exigente, pues remite a un acuerdo general y no todo el mundo está por la labor. Pero en estas reuniones de análisis nadie ha podido demostrar la necesidad de mantener la discriminación actual entre agricultores.

El grado de acuerdo es muy alto. Y el de desacuerdo, si se observa bien, muy localizado y generosamente abonado por quienes con intereses ajenos al campo explotan los miedos e incertidumbres lógicos y comprensibles que surgen en momentos de cambio.

El Gobierno, en todo caso, está dispuesto a dar cuanta información y explicaciones se le pidan y a escuchar con atención a todos los representantes del sector.

¿Algunos representantes, públicos y agrarios, han cuestionado la aplicación de las llamadas ‘ecoetiquetas’ pero ¿es posible modificar los criterios de sostenibilidad que llegan desde Bruselas? 

No debemos olvidar que las directrices de Bruselas también proceden de instituciones donde el sector agrario está representado y donde los agricultores y ganaderos almerienses, andaluces y españoles pueden expresar su punto de vista.

Por lo demás, es cierto que la PAC, como política europea que es, bebe de los principios y valores que imperan en Europa y debe responder a estos. La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son ahora dos de estos valores y tienen una consideración muy principal; por lo tanto, la PAC se impregna de ellos.

Pero esto no es un problema, quien lo vea como un problema se equivocará. Si la ecología tiene un papel importante en la política europea es porque los ciudadanos europeos quieren que lo tenga. Si el objetivo es vivir de la actividad agraria a largo plazo, lo más inteligente es orientarla hacia el mercado que definen los ciudadanos, los consumidores. Las ecoetiquetas, los ecoesquemas, la “ecovisión” es una pista nos están dando, no una imposición caprichosa.

¿El ministro fue insistente en que las ayudas directas de la PAC lleguen a un sector que he tenido un acceso limitado como el de las hortalizas, ¿cree que es un justo reconocimiento a su papel relevante en producción o exportaciones?

No creo que sea exactamente así. Es un sector muy dinámico y esto hay que reconocerlo, premiarlo e incentivarlo. Pero entiendo que en la propuesta del ministro lo que subyace es más el deseo de que la política agraria sea igual para todos y ofrezca las mismas oportunidades. No obstante, seguro que él lo explicará mejor que yo.

¿Qué cree que es más importante, mantener el régimen de ayudas y subvenciones o defender una mayor justicia en los mercados con mayor control de las importaciones y más rigor en las condiciones en las que se produce en terceros países? 

Los mercados a veces son justos y a veces no. Intentar que lo sean siempre supondría sistema intervencionista incompatible con las normas de competencia que nos hemos dado y que, hoy por hoy, mandan.

Vender en los mercados internacionales obliga a mantener equilibrios complejos porque allá donde vendemos también quieren que les compremos. Nadie abre su mercado sin contraprestaciones y estas, en ocasiones, no son las que desearíamos. Lo importante es que, en este juego, el saldo sea positivo, y desde luego para Europa lo es .

Pero como el mercado no siempre es justo y las ventas no son para todos igual, las ayudas directas y subvenciones a la agricultura siempre serán necesarias. 

Esto no quiere decir que no se haga todo lo posible para que los ingresos de los profesionales del campo tengan un reconocimiento comercial y la remuneración justa por parte del mercado. Me consta que el ministro Planas impulsa no pocas iniciativas en este sentido y es de los que más presionan en Europa para que la Comisión valore las repercusiones de los acuerdos comerciales.

¿Es partidario de establecer las mismas reglas de juego para todos los que quieran comercializar sus productos Europa?

Esa debe ser la línea, pero, como he dicho, no siempre es fácil mantenerla, porque entra en juego la soberanía de los diferentes países. No obstante, la UE como principal mercado agroalimentario del mundo también debe exportar normativa y exigencias, dentro de su política comercial de acuerdos con terceros países. Algo que cada vez se hace más en los nuevos acuerdos.