La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantela un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, entre ellas varias correspondientes a la provincia de Almería.
El cártel, formado por 12 empresas, entre ellas algunos de los mayores grupos del país como Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Sacyr, Acciona o ACS, consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018, tal y como recoge la propuesta de sanción de la CNMC.
Pactos irregulares
Las doce empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.
Todas ellas han recibido sanciones que oscilan entre los dos millones y medio y los casi doce millones de euros, pero además de la sanción económica la resolución supone activar la prohibición de contratar con la Administración, según comunicó ayer la Comisión Nacional.
Investigación
El expediente y la investigación se activaron tras una denuncia anónima en 2017, sobre las actividades del cártel para la alteración de las licitaciones de obras de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento entre los años 2014 a 2018, en total 530 millones de euros.
Según ha informado La Comisión, los hechos por los que se imponen las multas son constitutivos de una infracción catalogada como ‘muy grave’, prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y por el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Modus operandi
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
El cártel agrupaba las licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. En base a ello asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación.
Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Contra la competencia
Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad, consiguiendo que empresas ajenas al cártel, cuyas ofertas pudieran ser realmente competitivas , fueran excluidas de las contrataciones.
Las empresas sancionadas por Competencia
Las empresas sancionadas, y sus matrices son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, Aceinsa Movilidad, Alvac, API Movilidad (ACS), Actividades de Construcción y Servicios, Elecnor, Copasa, Elsamex, Obrascón, Huarte Laín, Ferrovial, Innovia-Copcisa, Matinsa (FCC) y Sacyr.
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