Enfado de los promotores por hacer el 30% de VPO si se lo pide el Ayuntamiento

La nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno está levantando ampollas entre los promotores almerienses. Uno de los capítulos más polémicos es el de la obligatoriedad de  reservar el 30% del suelo de una promoción a Vivienda de Protección Oficial VPO). No obstante, la nueva norma contempla que serán los ayuntamientos los que tendrán la última palabra para aplicar esta medida que afectará al suelo urbano consolidado.

Esta es una de las problemáticas que está exponiendo la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Asempal a las distintas organizaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, con quien han mantenido un reciente encuentro profesional para abordar los problemas a los que se enfrenta el sector con las nuevas normativas.

La nueva Ley de la Vivienda, sin embargo, no deja completamente a la intemperie a lo promotores en el capítulo de la reserva obligatoria de VPO. El texto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana  incide en que si el Ayuntamiento decide obligar a la reserva de suelo para vivienda protegida y alquiler social, tendrá que compensar a las empresas por ese aprovechamiento.

La compensación consistirá en aportar terrenos por una parte proporcional en el mismo lugar en base a criterios objetivos de valor de suelo o en otra zona del  municipio y es de menor valor, se compensará con más metros.

Los promotores han vaticinado que con esta nueva normativa puede haber fuga de inversiones y que podría hacer más daño a pequeñas empresas y cooperativas y que no tiene sentido incluir vivienda protegida o en alquiler en las zonas más cotizadas como en la Vega, en el caso de Almería. Juan Murcia, presidente de los promotores almerienses, ha incluido también entre los problemas del gremio el sentido del silencio administrativo en el planeamiento, la nueva calificación de suelo y lo que consideran falta de personal en la Gerencia de Urbanismo de Almería, “con tan solo tres técnicos para informar los proyectos lo que retrasa la concesión de licencias”.

Las alteraciones catastrales también generan malestar en el sector así como las liquidaciones, la excesiva carga tributaria sobre la vivienda y la competencia de las empresas públicas que promueven VPO.