El influjo de la nueva Ley de la Vivienda sobre la actividad del alquiler en Almería será considerable coinciden en señalar distintos agentes inmobiliarios. La razón es el gran número de segunda residencia que se ha dedicado en los últimos años al alquiler y que Almería, en términos porcentuales, fue una de las provincias españolas donde los inversores se decantaron más por el ladrillo por su despegue turístico.
La provincia cuenta con un parque de viviendas de alquiler que fluctúa en torno a las 30.000 unidades, según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, aunque a ello habría que añadir un porcentaje del 30% que se intuye que podría nadar en la economía sumergida, al margen de contratos de arrendamiento.
El capítulo más conflictivo del nuevo marco legal que prepara el Gobierno de coalición es el control de precios a los grandes propietarios (diez o más viviendas), que algunos despachos de abogados han tachado de inconstitucional y que aventura un gran número de contenciosos. En Almería, la Asociación calcula que puede haber en torno a unos 2.000 grandes propietarios de viviendas en arrendamiento, incluyendo las del nuevo registro de viviendas turísticas que ha crecido en los últimos años.
Los pequeños propietarios no estarán obligados a un límite de precios a sus propiedades, pero el Gobierno les ofrecerá incentivos fiscales por congelar la renta a sus arrendatarios. Las sanciones por saltarse el límite del alquiler para los grandes tenedores, sean particulares o empresas, podrían llegar hasta los 900.000 euros.
El economista Pau Antón considera que “aunque limitar el precio del alquiler pueda parecer que beneficia al usuario, al final tensiona el mercado y perjudica a los arrendatarios vulnerables”.
El límite a los alquileres se establecerá, según la nueva ley, a través de un índice de referencia del mercado inmobiliario en aquellas zonas especialmente tensionada.
En otro capítulo se incluye que a los propietarios de pisos vacíos, los ayuntamientos podrán girarle un recargo del 150% en el IBI, aunque será de libre aplicación. Antón considera que el principal problema del alquiler es que no existen suficientes viviendas en alquiler, “pero intervenir el mercado provocará fuga de capitales”.
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