Félix Cervantes, un abogado de Mojácar con despacho en Madrid y Almería, se subió a un tren en Atocha el 14 de enero de 2019 a las 15:35 de la tarde y llegó a Huércal de Almería a las 22:19 de la noche, tras casi siete horas de viaje sentado en un asiento.
Se indignó tanto Félix, que no se quedó quieto. Pero en vez de ir a poner una reclamación a Renfe o a una oficina de consumo, picó más alto. Hizo una copia del billete con los horarios y lo adjuntó a una denuncia que envió al Parlamento Europeo. Hizo lo que no ha hecho -que haya trascendido al menos- ningún representante político almeriense en todo este tiempo de viajes interminables y de retrasos en las obras del tren de alta velocidad a Almería.
Su denuncia ha tenido ahora su recompensa y el letrado Cervantes intervino vía videoconferencia esta semana como “un ciudadano almeriense desesperado y enfadado”.
Lo que explicó en su intervención Félix Cervantes es que “en la actualidad las exportaciones de Almería, al solo poder transportarse por carretera en camión todo lo que produce, supone un incremento de seis centímetros de euro por kilo de mercancías por carretera”, generando un atraso económico tremendo para la provincia con respecto al reino de España”. Eso implica, según Cervantes que “las empresas no vengan a instalarse a Almería, en favor de otras provincias con mejores infraestructuras logísticas”.
Y añade con la contundencia de las cifras ante europarlamentarios de todo pelaje que “el último informe del CIS revela que la esperanza de vida en Almería es de 81 años, cinco años menos que en territorios como Madrid (86 años) o Zaragoza (85 años) por un subdesarrollo de infraestructuras de transporte, que genera en su población precariedad laboral, falta de productividad, inestabilidad laboral y menor renta per cápita”.
El abogado apeló a la fecha del 2030 como fecha en la que, según el Reglamento Europeo de 2013 debe estar finalizado el Corredor Mediterráneo en el tramo Granada-Almería-Murcia.
El representante de la Comisión Europea dijo que no ve indicios de incumplimiento, pero el Parlamento Europeo decidió, tras oír a Cervantes, no cerrar la denuncia y pedir al Gobierno de España un cronograma de las obras del AVE.
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