Las constructoras se plantan: no asumen sobrecostes de hierro y hormigón del AVE

La crisis de los materiales -acero, hormigón, cobre y aluminio- puede pasar factura al plazo de 2026 del AVE de Almería a Murcia, ese con el que toda la provincia contiene la respiración para que se haga realidad. La cuestión es que cuando se lanzan esas promesas se hacen pensando en un mar plácido en la economía. Sin embargo, si llega una tempestad como la de la carencia y el sobrecoste de las materias primas, toda la tramoya puede malograrse y donde dije 2026, ahora digo 2030, “porque hay coartada para ello” podría explicar el ministro de Transporte de turno en una rueda de prensa cualquier mañana de cualquier día de cualquier mes antes de esa venidera fecha en la que Almería tiene depositadas sus esperanzas para poder viajar a Madrid en tres horas.

El Seopan, que es lo mismo que decir el conglomerado de grandes constructoras que gobierna las obras públicas de este país, advirtió ayer de eso, a través de su presidente, Julián Núñez, al terminar uno de sus conciliábulos donde se decide más de lo que se decide en el Paseo de la Castellana, 67, sede del Ministerio de Transportes. Allí, FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, ACS y Sacyr, estimaron que el sobrecoste  que tendrán que soportar este año las constructoras será del 20% con respecto a lo presupuestado para toda España, que en números absolutos ascenderá a 1.200 millones de euros. Además, señalan que ese sobrecoste en los materiales no están dispuestos a asumirlo en solitario y si el Gobierno no colabora en parte del alza de los materiales, se plantan, como se vienen plantando en los últimos años en tramos como el de Pulpí-Vera, incluso teniendo que volver a licitar obras que ya habían sido adjudicadas como ocurrió con Sacyr. El mango de la sartén lo tiene en cuestiones de obras, como siempre, quien echa el cemento.

En el caso del Presupuesto de 2022 para el AVE de Almería, que cuenta con 251 millones de euros, el cascabel del gato se llama 50 millones de euros de sobrecoste. El Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado ya está analizando  la aplicación excepcional del mecanismo de revisión de precios que había desaparecido en 2015 en los contratos de obra pública. La secretaria de Estado, Isabel Pardo, también ha admitido que se está estudiando la reforma de la Ley de Contratos para cubrir a medias con las constructoras la volatilidad de los precios de los materiales. 2026 empieza a oler mal, porque vuelven a otearse coartadas en el horizonte para poder invocar más retrasos cuando se vea venir esa fecha.