Sacyr arreglará al fin la desaladora del Almanzora tras diez años oxidándose

Es como tener un coche averiado y dejarlo diez años encerrado en el garaje. Así, la Desaladora del Bajo Almanzora -ubicada entre Palomares y Villaricos- se rompió en el otoño de 2012 arrasada por la riada de San Wenceslao y desde entonces ha permanecido en el dique seco hurtando litros y litros de agua a los regantes. Entre medias, la instalación se ha visto salpicada como uno de los monumentos al despilfarro y a los sobrecostes dentro de la denominada ‘Operación Frontino’, que puso contra las cuerdas a la cúpula directiva de Acuamed. Ahora, esta misma empresa, una década entera después, tiene en cartera adjudicar a Sacyr -una de las principales constructoras del AVE Murcia-Almería, que cuenta como accionista al magnate de origen almeriense Manuel Lao- la reparación y puesta en marcha de la controvertida desaladora almeriense.

Otra de las cuestiones discutidas en los últimos años ha sido el por qué se eligió un emplazamiento de la instalación tan próximo a una zona inundable.

El Consejo de la sociedad estatal Acuamed adjudicará las obras a Sacyr por un presupuesto aproximado de 13 millones de euros. La polémica desaladora fue construida y entregada al cliente en 2011 por una Unión Temporal de Empresas liderada por FCC, del mexicano Carlos Slim y la empresaria Esther Koplowitz, junto a Abengoa, entonces de los hermanos Benjumea.

Durante los años posteriores y tras los daños provocados por las inundaciones Acuamed y la constructora se enfrentaron en la Corte de Arbitraje para ver quién tenía se sufragar los costes del arreglo. Después llegó la actuación de la Fiscalía Anticorrupción incluyendo a la instalación almeriense, esperada como agua de mayor por los agricultores de la comarca, entre las obras incluidas en un supuesto caso de corrupción por sobrecostes, lo que provocó el encarcelamiento provisional de la antigua cúpula de Acuamed y de algunos contratistas.

El presupuesto inicial de la obra era de 80 millones de euros, pero finalmente terminó costando más de 100 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno también tuvo que renunciar a  20 millones de ayudas europeas al haber sido una de las obras salpicadas por la causa penal de la ‘Operación Frontino’.