El Estado le “embarga la nómina” a 37 ayuntamientos almerienses

El Ministerio de Hacienda quiere sacar a las empresas acreedoras de los ayuntamiento del atolladero que supone sumar meses sin cobrar las facturas pendientes. Algunas de estas firmas, ante el dinero que les adeudan los ayuntamientos, se quedan sin liquidez para pagar a sus empleados y a sus propios proveedores y terminan por entrar en concurso y quebrar. Es como una fila de fichas de dominó en las que las piezas van cayendo si la primera se resbala; o mejor aún, como la ley de la selva, donde solo aguantan las más fuertes, las débiles desaparecen.

El Estado no quiere que siga sangrando más la cuenta de resultados de las pymes por esta vena y ha articulado para las entidades locales un nuevo plan de ajuste y un procedimiento de pago a proveedores de  “adhesión obligatoria”, si no quieren verse privados de los ingresos provenientes del Estado, que en algunos consistorios supone más de la mitad de su Presupuesto.

Los ayuntamientos  de la provincia incluidos en el Plan son 37: Adra, Alboloduy, Alcóntar, Alhama de Almería, Alicún, Almería (con entes dependientes como la Gerencia Municipal de Urbanismo, Interamería Televisión, Almería 2030, Almería Turística, P. M. Escuelas Infantiles y P. M. Deportes), Armuña, Bacares, Bayárcal, Bayarque, Berja, Carboneras, Chirivel, Cuevas (con el ente dependiente Fundación Antonio Manuel Campoy), Fines, Gádor, Garrucha, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Lubrín, Lucainena, Lúcar, Níjar, Olula de Castro, Olula del Río, Oria, Partaloa, Rágol, Senés, Terque, Turre, Vélez-Rubio, Vera (con los entes dependientes Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación y Ferial Vera), Viator, Vícar, Zurgena y la Diputación Provincial (con los entes dependientes Desarrollo Local y Promoción Económica Filabres Norte, Extinción de Incendios y Salvamento Levante Almeriense, Instituto de Tutela y Centro Asociado de la UNED).

En la teoría, se trata de una medida para ‘limpiar la era’  de las administraciones locales; en la práctica, los ayuntamientos afectados -los más morosos- se convierten en corporaciones intervenidas a las que se les   “embarga la nómina” del dinero del Estado si no cumplen con el plan de ajuste y el pago a proveedores. 

La resolución, firmada por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, está ya en vigor tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de enero. 

El Plan de Pago a proveedores se articulará mediante un calendario que acaba de abrirse. Consistirá en que los ayuntamientos con facturas pendientes de pago y vencidas anteriormente al 1 de julio y cuyo periodo medio de pago haya superado los 30 días en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021, tendrán que pedir un préstamo con el aval de la participación que reciben de los tributos del Estado. Con ello irán pagando a los proveedores que puedan demostrar las facturas impagadas.

Los interventores de los ayuntamientos incluidos en relación de los 37 municipios afectados más la Diputación Provincial, deberán incorporar  hasta el próximo 11 de febrero en  la plataforma telemática una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago.

Entre los días 12 y 25 de febrero, los proveedores podrán consultar la relación para comprobar que sus facturas se encuentran incluidos. Desde el 7 hasta el 11 de marzo, el interventor de la entidad local comunicará al Ministerio de Hacienda la relación completa  de las facturas aceptadas. Los plenos de los ayuntamientos aprobarán los planes de ajuste y la formalización de los préstamos con el Fondo de Financiación de las Entidades Locales. Para que el Plan de Ajuste tenga validez, las previsiones de ingresos deberán ser consistentes, así como al reducción de los gastos de funcionamiento u de disminución del sector público de la entidad local. El Plan de Ajuste tendrá una vigencia análoga a la del periodo de amortización de los préstamos que se formalicen para el pago a proveedores. 

A partir del 6 de mayo, los ayuntamientos que cumplan con las reglas podrán formalizar los préstamos por la entidades designadas por el ICO y se ejecutarán, por fin, los pagos a proveedores.

Cuarenta años hinchando el globo

En 43 años de democracia en los consistorios, mucho han cambiado las fórmulas de gestión, dependiendo de los alcaldes al frente. Desde ediles que han mirado más por la contención del gasto, a los expansivos que han priorizado las inversiones a costa de altos endeudamiento mirando, en algunas ocasiones, al rédito electoral. Mucho han cambiado también las plantillas municipales, con crecimientos exponenciales, en algunos casos, contando también con la tendencia cada vez más progresiva a liberar concejales en pueblos pequeños que no pueden asumir los gastos corrientes y de personal, unido a gastos fastuosos en festejos y demás capítulos que han ido hinchando el globo que ahora quiere reventar María Jesús Montero.