Conviene desmitificar: Almería no es tanto el santuario donde más se aprovecha el agua de Europa. Para riegos sí, para abastecimiento deja mucho que desear, al menos en la comarca del Levante. La sociedad estatal Acuamed reclama a la empresa de Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa) 57 millones de euros por deudas contraídas en el agua suministrada a los pueblos de la comarca y no cobrada.
Se trata de una cantidad que se ha ido agigantando en los últimos años y que supone casi el triple del presupuesto anual de la propia entidad levantina controlada por la Diputación con más de la mitad del capital social.
El resto de accionistas de Galasa son 23 municipios de las comarcas del Levante y del Almanzora que reciben el agua procedente de la Desaladora de Carboneras. El pasado 31 de diciembre Auren Auditores, la auditora de Acuamed, envió una carta a la dirección de Galasa, ubicada en El Saltador de Huércal-Overa, donde le hace partícipe de que a esa fecha “en los libros de Acuamed aparece una deuda a favor de la sociedad estatal de 57,03 millones de euros y requerimos su conformidad”.
Es el último capítulo del proceso judicial y de los requerimientos de pago que Acuamed viene haciendo a Galasa ante el mayúsculo pasivo acumulado.
Galasa ha sido, desde su creación en 1989 ante el notario Balcázar, el tablero de ajedrez de los enfrentamientos entre siglas políticas de la provincia con la Diputación como parte interesada. Su desaparición, liquidación o privatización ha pendido de un hilo en los últimos años y ha sido siempre uno de los principales quebraderos de cabeza de los mandamases del palacio de Navarro Rodrigo, desde Tomás Azorín a Javier Aureliano García, pasando por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Juan Carlos Usero y Gabriel Amat.
El drama de Galasa y el de la acreedora Acuamed es que es una empresa pública, dependiente de Diputación, que tiene que dar un servicio esencial para más de centenar de miles de ciudadanos de dos comarcas como es el agua y no se vislumbra una solución. No hay un banco que se pueda hacer cargo de los platos rotos. A ello se une que varios de los ayuntamientos fundadores -como Vera y ahora Garrucha- abandonan la empresa pública por diferencias con la gestión del primer accionista, lo cual encarece aún más el servicio al aumentar los costes fijos por disminuir el número de accionistas. Otro de los dramas de la lacerada Galasa es que no tiene poder económico para mejorar las calamitosas conducciones, los bombeos, los depósitos, en una red con más de tres décadas de antigüedad y eso hace que se pierda caudal en demasía, unido a las tomas ilegales que no se controlan.
En las últimas unidades de consumo, los caudales suministrados por Acuamed a través de la Desaladora de Carboneras fueron 14 hectómetros, pero solo se registraron en los contadores 6,2 hectómetros. Es decir, que en la provincia más seca de Europa, en la que el nivel del agua embalsada es del 8%, en la comarca del Levante se tiran 8 hectómetros que serviría para regar muchas cosechas de lechugas.
El municipio con más pérdidas de agua y por tanto peor rendimiento es Carboneras (28%) y el mejor es Los Gallardos (59%). Todos los pueblos tiran más del 40% de agua. Pertenecen a la red de Galasa Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Zurgena, Albanchez, Fines, Laroya, Macael, Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola, Lúcar y Urrácal.
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