El PITA busca un nuevo gobernador

Nació el PITA en esos tiempos previos al vino y a las rosas de 2005, en un ambiente de euforia colectiva en el que el icono que más se nos viene a la memoria es el de Juan Megino levantando los brazos en Túnez con el micrófono de Joaquín Jiménez flotando como una maraca de Machín, cuando designaron a Almería como sede de los Juegos Mediterráneos. Era ese tiempo también en el que se empezaba a acuñar el término innovación para todo: "Si no innovas no existes", daba igual que fuese en un invernadero o en un discoteca. Así brotó como una trufa una Consejería de Innovación (ahora se llama de Transformación), con Martín Soler como ariete en su última fase. Y así cuajó la idea del PITA en Almería, como un sueño de progreso, de adelanto tecnológico, de prontuario científico, con capital privado dominante, a rebufo del Parque malagueño, de mayoría pública, por el que la Junta había apostado en mucha mayor medida.

Y surgió la pregunta: dónde ubicar ese futuro venero de saber y de florecimiento renacentista almeriense. Se apostó por una ubicación frente al Toyo -otra arma cargada de futuro- controvertida para muchos por su lejanía del centro de la ciudad, formidable para otros por su cercanía al aeropuerto y por poder sumar un espacio de un millón de metros para futuros centros de investigación. El tiempo ha demostrado que nada es blanco ni negro, ni perfecto ni imperfecto en la penitud del PITA, pero hay varias evidencias: sin la apuesta de Cajamar, con su centro de participadas y futura Ciudad Financiera, el PITA habría tenido difícil su supervivencia; sin bajar los requisitos innovadores para otras empresas de actividad más convencional hubiera sido difícil empezar a colmatar esa gigantesca superficie de 'suelo sabio'. Han pasado veinte años y el PITA sigue sin eyacular del todo, como un sueño apenas cumplido, pero sueño al fin y al cabo, que será realidad cuando se alcance un mayor porcentaje de parcelas en carga de trabajo. Unica Group, que está por llegar, con una inversión de más de cuatro millones de euros, puede ser el espaldarazo definitivo para este ágora indálico en el que resplandecen, al pasar con el vehículo por la A-7, los edificios Pitágoras y Tecnova con la firma de José Angel Ferrer.

El tecnoparque almeriense, desde que se aprobó su creación por el Parlamento andaluz en 2001, ha relevado a sus directores generales de forma automática. Fue el caso de Alfredo Sánchez por Rafael Peral, de Peral por Antonio Domene, de éste por Trinidad Cabeo y de ésta por Diego Clemente Giménez, de 44 años, el postrero auriga en llevar las riendas desde el pescante. Sin embargo, en el último Consejo de Administración del Parque, situado junto a la Rambla de la Sepultura, no se ha seguido esa tradición. Se ha despedido al arquitecto y exdiputado nacional de Ciudadanos, pero no se ha verbalizado un recambio. Han pasado trece días desde que el órgano administrador, presidido por el delegado de Transformación Económica y correligionario de Clemente, Emilio Ortiz, le dijera al director general que no podía entrar a la reunión -en la que tenía voz pero no voto- porque se le iba a cesar, y desde entonces, el PITA no cuenta con gestor ni apoderado como sustituto.

Fuentes cercanas al capital social señalan que se trata de una decisión compleja, porque en el impasse se ha producido una novedad: el presidente de la Junta ha dejado caer la alta probabilidad de un adelanto electoral y, por ende, que el nombramiento de un nuevo gobernador para el PITA pueda estar ungido con un aceite tan interino que no despierte el interés de un directivo top, más profesional, que es a lo que aspiran los accionistas en la nueva etapa que se abre para la tecnópolis almeriense. Todo apunta a que en los próximos días se dará a conocer el nombre de un profesional con un perfil más técnico, de mandato pasajero, aunque no hay nada confirmado por el momento. La designación del director, por un pacto no escrito, corresponde a Ciudadanos, que es quien lleva la cartera de Transformación Económica, pero el PP puede, a su vez, estar maniobrando para colocar en el PITA a alguien de su propia cantera.

La labor de Clemente, es justo reconocerlo, ha estado mediatizada por la pandemia, aunque cuenta ya con una ocupación de más del 50% y 80 empresas con 1.800 empleos. Pero ni sus propios compañeros de partido han confiado en él para que siga adelante con la nave de la innovación almeriense. La causa oficial escrita en el papel de su destitución para este puesto de libre designación y como apoderado es la de 'incumplimiento de contrato', que evita automáticamente un finiquito. Aunque en el fondo subyace una pérdida total de confianza en su gestión y en la figuración de su nombre como administrador de varias sociedades mercantiles. La impugnación del acuerdo de destitución parece servida. Como hizo antes también la anterior mandataria.

Fuentes próximas a Clemente indican que el arquitecto no necesita para nada el salario de director del PITA para vivir (en torno a 55.000 euros brutos anuales) y que el contrato de alta dirección lo que obliga es a la exclusividad en las relaciones laborales, pero que no dice nada de que pueda o no aparecer como administrador en otras sociedades mercantiles. Apelan estas mismas fuentes interesadas a que el malestar con la gestión de Clemente pueda estar más bien motivado por el encargo que hizo el directivo de unas auditorías de la gestión anterior en algunas unidades de negocio del PITA.

Mientras tanto, Cajamar y Unicaja, que atesoran el 60% de las acciones (el 40% es de la Junta, junto a otras participaciones residuales del Ayuntamiento, la Universidad y Tecnova), podrían intentar tomar decisiones, teniendo en cuenta que también han renovado a sus consejeros: en el caso de Cajamar a Sergio Ruiz Cervilla por Antonio Pérez Lao y José Luis Lamarca por Ricardo García. Curiosamente, Clemente sale del tecnoparque cuando los ingresos operativos se han elevado hasta los 7,5 millones de euros durante su mandato de casi tres años, en operaciones iniciadas anteriormente que él ha rubricado. Pero para enjugar la deuda histórica pende sobre el Consejo de Administración una ampliación de capital sobre el desembolso inicial de 31 millones de euros, que puede endemoniar aún más a los socios privados.