Los pescadores deportivos de Carboneras, en pie de guerra

Cerca de un centenar de propietarios de embarcaciones deportivas de Carboneras han llevado a cabo un acto de protesta en el mar por lo que consideran unas tarifas ‘“abusivas” que pretende cobrar la gestora del puerto, la sociedad Marina de San Andrés, una Unión Temporal de Empresas formada por la constructora Tejera y el Club Náutico Isla de San Andrés. 

La sociedad concesionaria de las instalaciones que están bajo la administración la de Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha comunicado las tarifas de estos amarres por 36 años de concesión: amarre de 6 metros: 60.000 euros; 8 metros: 85.000 metros; 10 metros, 95.000 metros; 12 metros 110.000 metros; 15 metros, 130.000 euros. 

Los amarres por un periodo de cesión de 20 años van desde los 39.000 euros a los 85.000 euros.

Los pescadores se quejan también de que el dinero inicial se exige sin ningún aval por parte de la compañía gestora que aún no ha realizado las obras de los pantalanes previstos. Las condiciones para la reserva son del 5% del precio total. Posteriormente un pago del 45% durante la construcción del Puerto y el resto del pago fraccionado por meses hasta duración de la cesión. Durante este periodo, se cobrará también una cuota de mantenimiento y a los precios se le incrementará el 21% de IVA.

Los pescadores que sacaron sus barcos en señal de protesta consideran que “la flota deportiva está haciendo de financiera de la empresa y eso no es lógico”.

Hay en total en torno a 160 embarcaciones afectadas, gente jubilada y algunos de escasos recursos económicos, que ahora se fondean junto a la escollera de la dársena portuaria. La previsión realizada por parte de la APPA y la empresa es de adecuar amarres en pantalanes para 156 embarcaciones que los propietarios de embarcaciones consideran insuficientes. En un principio, la previsión se hizo para 175 amarres.

En 2019 se firmó el contrato entre la sociedad concesionaria de la obra y explotación y la Junta de Andalucía, pero aún no se han iniciado las obras. 

Tanto la Cofradía de Pescadores como Carbopesca, organizaciones pesqueras de la localidad, se posicionaron en contra del proyecto hace varios años. La inversión prevista inicialmente era de 8,5 millones.