Más de cien almerienses, ‘abrasados’ por el sol

En 2008, los años de vino y rosas de la industria fotovoltaica, en torno a 600 familias almerienses invirtieron en ese incipiente negocio que prometía pingües rentabilidades. La operación era sencilla: uno iba al banco y pedía un préstamo cercano a los 100.000 euros e invertía en un campo solar discreto, de unos 100 KW, junto a otros partícipes, amparados en la promesa del Gobierno de la tarifa regulada, una especie de vellocino de oro por el que los inversores se aseguran una amortización en 10 años y unas rentabilidades por encima del mercado durante 25. Después llegó la realidad que todo lo cambió; cambió el Gobierno y se amplió a 30 años el periodo de retorno y después el Gobierno de Aznar modificó la tarifa regulada por una rentabilidad fija del 7%. 

Los bancos no tragaron con estos cambios y empezaron a embargar propiedades y los terrenos de las instalaciones ante los problemas de los inversores para devolver los préstamos. Esto provocó que a partir de 2010 más de un centenar de inversores almerienses, junto a otros tantos de las demás provincias españolas, emprendieran una batalla legal que terminó en el Supremo dándole la razón al Gobierno. 

Sin embargo, 52 fondos de inversión internacionales que aportaron dinero en esos campos solares han obtenido un laudo favorable, al menos la mitad de ellos, de los tribunales internacionales lo que supondrá para el Estado español según los propios inversores damnificados, de 2.000 millones de euros. 

Ayer se reunieron en Almería, en las oficinas de La Celulosa, medio centenar de  perjudicados almerienses de Anpier (Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos) con el objetivo de  poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de devolución de cantidades, al igual que están consiguiendo los fondos de inversión. “Se trata de tener voluntad política para que todas estas  familias no se queden en la estacada”, explicó ayer Miguel Carra, delegado en Andalucía de Anpier que cuenta en Almería con el mayor número de inversores damnificados.

En la jornada, conocida como Camino del Sol, que va recorriendo Andalucía,  se destacó “la situación singular de injusticia que sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España, de ellas 12.000 familias andaluzas, que no serán compensadas, salvo una decisión de carácter político, por los drásticos recortes retroactivos que soportan; mientras que cada semana se conoce un nuevo laudo favorable a algún demandante internacional. Situación que provoca un agravio comparativo sin precedentes”. Hace 15 años, el Estado español se lanzó a promover la instalación de fuentes de generación renovable, con la intención de combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un modelo eléctrico y renovable, en el que nuestro país contaba con importantes ventajas competitivas -por su territorio, su sol y su viento- y evitaba la enorme dependencia energética del exterior, que lastraba nuestra balanza comercial.

Esa decisión de Estado tenía como objetivo primordial madurar las tecnologías renovables y poner en marcha un tejido industrial tecnológico innovador. 

El resultado ha sido el esperado: España es líder en penetración de generación renovable, su industria solar y eólica son referencia internacional, se ha dado un paso decisivo en la transición ecológica y el precio que han de pagar familias y empresas por la energía en España ha caído a cotas impensables, gracias a la nueva producción de energías limpias, incluso son muchos los días del año que registran horas a precios cero o negativos.