Los promotores reclaman a la Junta una deuda de 8 millones por la vivienda social

Tras un largo trayecto de reclamaciones ante diversas instituciones, la Asociación de Promotores de Asempal asegura no haber encontrado respuesta al impago de las ayudas para construir Vivienda Protegida, lo que ha generado una deuda para las empresas que supera ya los ocho millones de euros.
Los promotores almerienses se suman así a los andaluces en la reclamación de una deuda inicialmente detectada de 11 millones de euros que ha pasado a ser de  42 millones en Andalucía, de los que mas de 8 millones corresponden a Almería.

Se trata de fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta, que iban dirigidos a las empresas promotoras andaluzas para la construcción de vivienda protegida, y que finalmente no han sido abonados por esta.
 El Gobierno andaluz no abona estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certifica haber transferido las cantidades pactadas a la línea de viviendas protegidas en alquiler con opción de compra. Alega la Junta que dichos fondos han sido destinados “legalmente” a otras líneas de actuación en materia de Vivienda Protegida, explican los promotores almerienses.

Los inmuebles cuya subvención se ha desviado, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, están finalizados y parcialmente ocupados desde hace varios años. Se trata de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 y cuyos fondos parten originalmente del Ministerio de Fomento); éste, una vez revisados los expedientes, abona a la Junta, que a su vez es la que debe abonarlas a los promotores.
Esta cuestión fue denunciada por la Asociación de Promotores a la Fiscalía, sin que la misma encontrara indicios de delito en la actuación entre el Ministerio y la Junta. Sin embargo reenvió las actuaciones al Tribunal de Cuentas para el estudio de una posible infracción administrativa. “No obstante-señala Asempal- varias organizaciones seguimos reclamando por otras vías algo que consideramos de justicia: el pago de las ayudas comprometidas que fueron decisivas a la hora de adoptar la decisión de construir dichas viviendas”. Estos impagos, indican, han contribuido a que varias empresas hayan ido a laruina.
Sorprende que existiendo empresas que adeudaban a la administración autonómica impuestos y otros conceptos, ésta se ha negado a compensar esas cantidades con los importes que la Junta tiene pendiente de pago.
Con estos antecedentes, “nos asombra que la Junta haya enviado a los promotores una carta en la que requiere a las empresas promotoras para que informen en un plazo de 15 días sobre “el grave incumplimiento” de la función social de la vivienda que la no ocupación de las mismas supone”, algo que los empresarios califican de inadmisible.