Acuamed y FCC litigan por quién arregla la desaladora de Cuevas

4 de agosto de 2011: la entonces ministra de Medio Ambiente, la cordobesa Rosa Aguilar, inaugura la desaladora del Bajo Almanzora bajo un sol tropical, en un punto intermedio entre Palomares y Villaricos. Anuncia entonces, ante los micrófonos, que en octubre estará dando agua de riego y de abastecimiento a las feraces tierras de 15 pueblos de la comarca.
Nada más lejos de la realidad: tres años después, la instalación, junto al lecho del río, sigue en el dique seco, desvencijada por la riada de San Wenceslao de 2012, tras embucharse una inversión de 76 millones (23 financiados por la Unión Europea).

Obra maldita Se la podría tildar de obra maldita por la cantidad de bajíos que ha tenido que vadear, desde que fuera incluida en aquel Plan Agua del Gobierno de Zapatero. Los comuneros de la seca tierra del Almanzora, acostumbrada a regar al sonido de las caracolas, celebraron el proyecto que contó, desde el comienzo, con muchos escollos, frente a la playa de la vieja Fábrica del Duro.
Hubo que cambiarla de ubicación en 2007, de la curva interna del río al arco exterior, por presiones de  propietarios afectados por las expropiaciones, siendo director de Acuamed Adrián Baltanás.
Esa fue su acta de defunción anticipada, al instalarse sus tuberías y equipamientos en zona inundable, como quedó sobradamente demostrado con la gota fría de septiembre de 2012. Tras la preinauguración de la ministra Aguilar, hubo que resolver otro inconveniente, antes de darle al botón de encendido: era necesario contar con una nueva subestación eléctrica que diese repuesta a la alta demanda energética  que requería.
Se retrasó su puesta en marcha y llegó la riada. La empresa contratista aun no había firmado el acta de recepción de la obra con la propietaria Acuamed y la flamante infraestructura hidráulica, a un tiro de honda de la primera piedra que puso Aznar para el Trasvase del Ebro, quedó arrasada por la riada y sin tener contratado seguro alguno hasta esa fecha. Acuamed y la contratista FCC pleitean desde hace  meses por ver quién sufraga los daños del agua, al no entenderse por qué la obra no tenía seguro.
Mientras tanto, el Gobierno ha presupuestado la reparación de la desaladora en 20 millones  y ambas partes podrían haber llegado a un acuerdo para pagarla a pachas.
De momento, el Ministerio  ha librado 11 millones en los Presupuestos de 2015 para remendar esta desaladora que tanto campo de hortalizas debía estar regando ya.