El caso Rambla Morales irá la contencioso

El caso de la Comunidad de Regantes Rambla Morales, que afecta a más de 500 agricultores por el impago de una deuda a Caixabank por valor cercano a los 125 millones, pasará de la jurisdicción civil a la de lo contencioso administrativo.
Así lo ha dictado en un auto la Audiencia Provincial, en grado de apelación, con fecha del pasado cuatro de diciembre.
Considera la Audiencia que “naturaleza de corporación de Derecho Público de la Comunidad de Regantes, cuyo presidente en una escritura pública de préstamo ofrece en garantía las cuotas que se devenguen por el concepto de derramas a causa de esta obra, no permite otorgar al orden civil el conocimiento de esta reclamación porque, tanto el contrato que origina esta reclamación , como las cuotas cuyo importe se reclaman están fuertemente ligadas a la Comunidad y a las normas que la regulan, que no pueden  ser ignoradas sino aplicadas”. En materia de costas, los ponentes no condenan a la parte apelante (La Caixa), “debido a la especial singularidad del caso y las dudas jurídicas que se derivan”.
El caso de Rambla Morales procede del proyecto de una desaladora en esa Comunidad de regantes nijareños en los años de bonanza económica de 2004. La obra fue construída, según los planes, a través de un préstamo con Caixabank por valor de más de 100 millones de euros, contraído por la Comunidad de Regantes, contando con el aval de las propias cuotas de los comuneros.

En venta
La desaladora iba a tener disposición para regar 2.000 hectáreas, pero solo funcionó un tiempo a medio gas, a un precio de agua muy elevado por la factura eléctrica y duplicándose, en algunos casos, con las canalizaciones de la Junta Central de Usuarios de Níjar que riega con la desaladora de Carboneras.
El equipo directivo de Antonio García Pardo que la promovió fue apartado de sus funciones con una querella criminal de por medio por parte de otros comuneros. Tomó las riendas Juan Garrido y se estuvo negociando, como mal menor, la venta de la  desaladora a Acuamed, a cambio de que se subrogara de parte del préstamo concedido por Caixabank. Hubo disensiones también en este aspecto, incluso con el nombramiento de Iluminada Fernández como nueva presidente.
Se creó la Plataforma de Afectados por la Desaladora y muchos de ellos dejaron de pagar la cuota de devolución del préstamo por entender que la anterior directiva había estafado a los regantes.
Durante un tiempo ha habido un vacío legal en la gestión de esta Comunidad, que al estar regida por derecho público, está tutelada por la Administración autonómica.
Una parte sustancial de los regantes denunció a la anterior Junta directiva por entender que Antonio García Pardo había firmado y autorizado el préstamo sin el conocimiento y aprobación de la Asamblea.
Será por tanto a partir de ahora la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que tendrá que dirimir la resolución de este enconado pleito que afecta a más de medio millas de agricultores y empresarios de la comarca agrícola de Níjar.