Comparecencia de COAG en el Parlamento Andaluz: Eficiencia, relevo generacional y equilibrio del mercado deben ser las claves de 2016

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha comparecido en el Parlamento para valorar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2016. Este año alcanzan los 31.285,389 M€, lo que representa una cifra superior a la de 2015 (+5,6%). La consignación presupuestaria para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se sitúa en 2.135,67 M€, prácticamente igual que el año pasado, con una leve reducción del 0,21% respecto a los presupuestos de 2015.

Considerando únicamente los programas que gestiona la Consejería de Agricultura, excluida pesca y sumando el IFAPA, al compararlos con los equivalentes del anterior curso presupuestario, vemos que el capítulo de inversiones se ha reducido en 33,7 millones, por lo que continúa la tendencia a la baja, acumulando ya una reducción de casi un 30% en los últimos cinco años.

Es necesario destacar que del total de inversiones previstas, 358,3 M€ se corresponden con gastos FEADER (el 85% del total), mientras los fondos propios crecen un 97% con respecto al año pasado, representando el 4,4% del total. 

No podemos olvidar que las inversiones generan riqueza y permiten la mejora de las infraestructuras y de los medios de producción. En un contexto como el actual, esta organización agraria entiende que las políticas en materia de Educación y Sanidad sean prioritarias, pero recuerda que el apoyo público a un sector que genera empleo y riqueza en el medio rural es estratégico para revertir la coyuntura económica actual.

Por eso, COAG plantea que los presupuestos tienen que reflejar una apuesta decidida por el sector agrario como pilar estratégico para el fomento económico y la creación de empleo en Andalucía. En este sentido, los ejes de la política agraria andaluza deben ser: la eficiencia energética (que permita ahorrar costes de producción), el relevo generacional (que garantice el futuro de la  actividad) y el equilibrio de las relaciones comerciales (que garantice el buen funcionamiento del mercado y facilite la menor dependencia de las ayudas públicas).

Esta organización agraria considera que las políticas públicas deben favorecer que el sector gane en eficiencia y mejore su rentabilidad, lo que pasa por reducir los costes. Para ello, esta organización agraria propone, entre otras cosas, apostar por las energías renovables  y aplicarlas tanto a la producción como a la transformación, acabar con el oligopolio de los fertilizantes y potenciar el I+D+i para incrementar la transferencia efectiva de conocimiento del laboratorio al campo.

Estratégicos son, asimismo, la modernización de estructuras productivas y el relevo generacional. COAG reclama a la Consejería de Agricultura que haga una apuesta por ellos, como claves para el futuro de la actividad agraria en Andalucía. No podemos olvidar que actualmente sólo el 6,4% de los titulares de explotación agraria tiene menos de 35 años y el 31% son mayores de 65. Por eso, consideramos manifiestamente insuficiente la dotación presupuestaria destinada a modernización (que disminuye un 29% hasta los 36,5 millones) y a incorporación de jóvenes (que baja un 23% hasta los 26,19 millones). Con los 1.500 expedientes viables que han concurrido a la convocatoria de jóvenes de 2015, es precisa una dotación de al menos 55 M€. 

Otra de las medidas que COAG ha planteado es la necesidad de establecer unas relaciones comerciales justas, más equilibradas, en la cadena alimentaria, y esto en un contexto comunitario de progresiva desregulación y eliminación de mecanismos de mercado.

Hacer sostenible la cadena agroalimentaria constituye una oportunidad para el desarrollo tecnológico, la creación de empleo y riqueza que genera el sector primario, la industria agroalimentaria a él asociada y la distribución de los alimentos para abastecer a los consumidores. Todo ello puede contribuir a un cambio de modelo productivo que permita un mayor desarrollo de Andalucía.

Asimismo, COAG ha recordado que prácticas abusivas o desleales como la venta a pérdidas, el empleo de productos de primera necesidad como reclamo, la inadecuada identificación de la calidad o el origen de los productos agroalimentarios dan al traste con la apuesta andaluza por la excelencia de nuestras producciones.

En este sentido, COAG ha reclamado el desarrollo en Andalucía de la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria para conseguir los siguientes objetivos:

- Incrementar la coordinación entre consumo, sanidad y agricultura para velar por la rigurosa aplicación de la normativa vigente en cuanto a calidad y origen de los productos alimentarios.

- Dotar de transparencia, equilibrar las relaciones comerciales y evitar el abuso de posiciones reales de dominio que se dan en la cadena de valor.

Fomentar los Códigos de Buenas prácticas en la cadena agroalimentaria en nuestra comunidad.

- Avanzar en la negociación colectiva de las relaciones comerciales mediante el fomento de la figura comunitaria de las Organizaciones de Productores.

En este sentido, valoramos positivamente la inclusión en este presupuesto y por primera vez de las ayudas para la creación de Agrupaciones y Organizaciones de Productores, que contarán con 1,8 M€.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha recordado que Andalucía sigue siendo subsidiaria de las políticas comunitarias, que representan el 95,6% del presupuesto, frente al 4,4% de fondos propios. Dado que el apoyo europeo desciende, tanto por la reducción del marco financiero plurianual como por las decisiones del Ministerio de Agricultura a la hora de establecer prioridades y requisitos para distribuir dichos fondos, Andalucía debe emprender otra política agraria, empleando los recursos propios y gestionando los ajenos con un criterio social, para mantener el tejido productivo y potenciar el modelo agrario profesional, mayoritario en nuestra comunidad.

COAG Andalucía subraya el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento,  al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental asegurar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.