Ana García Martínez, de 74 años, y toda su familia solo están pendientes del mejor ‘regalo’ de Navidad posible, que para ellos sería algo tan sencillo como su vuelta a ‘casa’. Porque a esta mujer, quien en la actualidad no se encuentra en buen estado de salud tras sufrir un ictus en agosto de 2018, se le adjudicó una plaza en la residencia de ancianos de Tíjola, a 90 kilómetros de distancia de sus parientes más cercanos, su hermana Rosario, de 55 años, que vive y trabaja en Almería, y José, de 71 años, quien reside en Fiñana, la localidad de nacimiento de todos ellos.
“Mi tía llegó a la residencia en andador, pero hoy apenas puede levantarse de la cama y ni siquiera puede coger el teléfono para hablarnos”, se lamenta Elena García, sobrina de Ana y quien vive en Mallorca, al igual que su padre, Domingo, de 68 años, el tercer hermano de la enferma.
Sus familiares están convencidos de que en este empeoramiento ha influido decisivamente la tristeza en que Ana está sumida desde el pasado mes de julio, cuando llegó al centro de Tíjola. Y no porque la hayan tratado mal, pues por ello no tienen queja, sino porque “ella es una persona muy introvertida, a la que cuesta mucho trabajo relacionarse, y ha pasado de ver a diario a su hermana en Almería a no tener a ningún ser querido o conocido cerca”, plantea su sobrina. Esto ha llevado a que en los últimos meses Ana solo haya podido recibir la visita de sus hermanos solo los domingos.
La Junta, optimista
Aunque la familia había recibido hasta el momento mensajes no demasiado esperanzadores sobre el traslado a un centro más cercano a sus parientes, pues les habían asegurado que ahora se estaban tramitando las peticiones de 2017, la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación de Almería ha transmitido a La Voz noticias mucho más optimistas, hasta el punto de que se espera que “en un plazo muy breve” podría aprobarse el traslado a una residencia de Abla, que “no tiene ni mucho menos una demanda elevada, como sí sucede en Almería”.
Eso sí, advierte de que es imposible ahora mismo decir el momento exacto del traslado, porque en cualquier momento pueden producirse incorporaciones de urgencia e inmediatas. Y es que, por ejemplo, las normas establecen que las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social tienen preferencia en la entrada a las residencias frente a cualquier petición de traslado, como es el caso.
Graves secuelas
La vida de Ana cambió totalmente desde que en el verano de 2018 sufriera un ictus que le ha dejado importantes secuelas, hasta el punto de que necesita el cuidado de otras personas durante las 24 horas, tras permanecer ingresada en Torrecárdenas y después dos meses en el Hospital de la Cruz Roja. Ella, que es soltera, vivía sola en Almería, y su hermana de la capital no podía hacerse cargo de ella por su trabajo.
De ahí a que los hermanos solicitaran una plaza en una residencia pública, si bien cuando fue dada de alta decidieron que ingresara en un centro privado de Abla, con un coste mensual de 1.500 euros, para que no estuviera desatendida hasta que le adjudicaran el puesto demandado en el sistema público.
Su sorpresa llegó cuando le adjudicaron la plaza en Tíjola. “En la Junta nos recomendaron que la aceptáramos y que, transcurrido un mes de plazo legal, solicitáramos el traslado, porque en caso de renunciar a ella corríamos el peligro de perder incluso la oportunidad de un ingreso cercano en el tiempo, explica Elena García. No obstante, después de pedir el traslado, en agosto de este año, la familia ha visto como no era tan fácil como esperaban. “Ya les hemos dicho que de cumplirse los plazos que nos dan, de hasta dos años, tememos seriamente que cuando se decida el traslado pueda ser demasiado tarde”, añade.
Sin ingresos para un centro privado
Además de permanecer ‘sola’ en su enfermedad en la residencia de Tíjola, por muy bien que pueda ser atendida por su personal, Ana, y sus familiares también, sufren otras consecuencias de la lejanía de su lugar de residencia hasta hace muy poco tiempo.
Así, al vivir en Tíjola, le corresponde el hospital de Baza. Y en estos meses ha necesitado ser hospitalizada en varias ocasiones, por lo que en cada caso un familiar se ha visto obligado a viajar a Baza para pedir su traslado a Torrecárdenas, como ha ocurrido hace solo unos días, en los que ha permanecido ingresada.
Ana tampoco puede costearse por sí misma un centro privado, puesto que percibe una pensión de unos 600 euros, según su familia. Y en cualquier caso, sus hermanos creen de justicia que pueda ser trasladada cuanto antes a una residencia pública lo más cercana posible a sus seres queridos.
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