La Junta sobre El Algarrobico: "comienza la cuenta atrás para el derribo"

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha mostrado su “absoluta satisfacción” ante las dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) y ha asegurado que “hoy (por ayer) sí comienza la cuenta atrás para la demolición del Algarrobico y la restauración de esta zona” situada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Una de las sentencias incide en que la zona en la que se ubica el hotel es un área ambientalmente protegida y, por tanto, no urbanizable, por lo que Fiscal ha insistido en que “para la Junta es un día feliz y de alegría porque por fin tenemos herramientas para la definitiva demolición de un símbolo de otro tiempo”.

El retracto Ante esta nueva situación, la Consejería ha anunciado que ejercerá su derechos sobre los terrenos para hacer realidad su objetivo de devolver a su estado natural la zona en la que se encuentra el Algarrobico”. Otra de las sentencias del TS hace referencia al derecho de retracto ejercido por la Junta sobre los terrenos en los que se encuentra el hotel y, según el fallo del Supremo, el retracto resulta “ajustado al Ordenamiento jurídico”.
Por ello, el consejero ha afirmado que “nos vamos a poner en contacto inmediatamente con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para poner en marcha el convenio firmado en 2011, aún en vigencia, y  ver cómo puede ejecutarse con sus plazos, sus garantías y su financiación”.

7 millones de euros El coste de tirar el edificio del hotel y recuperar el paraje supera los 7 millones de euros, según los estudios realizados por Greepeace (7,3 millones ) y el Ministerio de Medio Ambiente (7,1). Esta última cifra es el resultado del informe encargado por la Junta y el Ministerio, tras el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones.
El convenio incial, firmado por Rosa Aguilar y José Antonio Griñán contempla que el Ministerio se encargaría del derribo y la Junta del desescombro y recuperación. No obstante, en 2012, Arias Cañete y Planas acordaron que  cada administración asumirá el 50% del gasto total.