Al hotel de El Algarrobico le ha tocado en suerte ser cabeza de turco de la especulación que se extendió por las costas españolas durante varias décadas. Estar en un Parque Natural como el de Cabo de Gata, incluir en el proyecto la construcción de miles de viviendas, y ser elegido por la ex ministra Cristina Narbona para poner coto a los desmanes urbanísticos le convirtieron en el gran símbolo de lo que no debía ser el desarrollo.
Sin embargo no siempre fue así, y tampoco ha sido constante la postura de los grupos políticos en este asunto que parece tocar a su fin tras la última sentencia del Tribunal Supremo que concluye que se levantó en suelos no urbanizables y que la Junta tiene derecho de propiedad sobre los mismos.
Responsabilidades
Sentenciado el inmueble levantado por Azata, la batalla política sigue adelante y el PSOE y la Junta aparecen como los principales responsables de la situación creada. De hecho en la época en que se levantó el hotel eran los socialistas los que gobernaban el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Madrid.
Sin embargo esas acusaciones, que este pasado miércoles llegaban al Parlamento de Andalucía desde todos los grupos de la oposición, no reflejan una postura firme a lo largo de los años contra el proyecto de El Algarrobico.
Desde el PP, por ejemplo, se ha jugado la baza política de aprovechar las circunstancias para atacar al PSOE por los desaguisados cometidos en la tramitación, aprobación y posterior reprobación del proyecto impulsado por Azata del Sol en el término municipal de Carboneras. El propio presidente de los populares almerienses, Gabriel Amat, consideraba de una forma rotunda en julio de 2014 que el famoso hotel debía abrirse “ya”.
Divisiones
Pero El Algarrobico ha provocado también disensiones internas en los partidos, y especialmente en el caso del PSOE. Martín Soler, secretario provincial de los socialistas, criticó a la ministra Narbona por su posición abiertamente favorable al derribo del hotel.
El enfrentamiento fue aún más evidente por parte del entonces alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, responsable de la concesión de la licencia municipal de obras a la empresa promotora.
Más contundente aún fue el posicionamiento del PSOE de Carboneras que, haciéndose eco de las protestas de colectivos ciudadanos de la localidad, se rebeló ante los planes de desmantelar el inmueble y llevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para que las obras siguieran adelante.
Muchos más
Una cuestión martillea de forma permanente en las opiniones de los carboneros: “por qué si hay cientos, miles de proyectos similares que se han puesto en marcha en todo el litoral español, nos ha tocado a nosotros ser cabeza de turco”.
Y lo cierto es que desde que, hace ya más de veinte años, fuera presentada la primera versión del proyecto, ha habido muchos análisis, muchos cambios de postura sobre el polémico hotel y ha tenido que ser una sentencia del Tribunal Supremo la que deje claro que se construyó en suelo no urbanizable y, por tanto, procede su demolición.
El siguiente paso es pedir responsabilidades y eso hicieron este pasado miércoles en el Parlamento los representantes del PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.
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