El Cortijo del Fraile seguirá en manos privadas tras las obras de rehabilitación

El Cortijo del Fraile seguirá en manos privadas a pesar de que su propietario han sido sancionado hasta en nueve ocasiones por la Junta de Andalucía durante los años en los que estuvo abandonado. La Administración autonómica considera que con las recientes obras, el dueño “ha cumplido con los requerimientos de conservación y mantenimiento” de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que descarta la expropiación.

Fueron la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y la Asociación de Amigos de la Alcazaba de Almería, los colectivos que habían reclamado a la Junta que asumiera la propiedad del Cortijo del Fraile “mediante una expropiación forzosa o un acuerdo de permuta”. La Junta lo descarta, y mantiene su postura de que sea el propietario quien “mantenga y conserve el inmueble”, según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Cultura.

La Administración autonómica recuerda además que la legislación -artículo 18 de la Ley 14/2007 de patrimonio Histórico de Andalucía- obliga a los dueños del cortijo en el que sucedieron los hechos que inspiraron Bodas de sangre a Federico García Lorca, a su “conservación, mantenimiento y custodia”, pero no a su “rehabilitación” integral. 

Proyecto de conservación
La Consejería, que en base a la ley y en defensa del cortijo ha incoado un expediente sancionador por incumplimiento y dos órdenes de ejecución, ha requerido a sus propietarios la presentación de “un proyecto de conservación”, así como la ejecución de “obras de refuerzo y consolidación” del inmueble, siempre según las mismas fuentes. “Aunque con recursos de alzada de por medio, y nueve multas coercitivas impuestas, los propietarios han cumplido con la conservación, mantenimiento y custodia del Cortijo del Fraile”, admite la Junta de Andalucía.

Las asociaciones conservacionistas habían pedido un “proyecto integral de conservación, de rehabilitación e integración del inmueble lorquiano para cumplir con las obligaciones de conservación y protección de sus valores históricos a la par que la Junta de Andalucía debería seguir requiriendo en vía administrativa que los propietarios cumplan con sus obligaciones”.