Caso Poniente: el saqueo fue posible por la connivencia de Enciso, Alemán y Abengoa

Casualidad o no, ha vuelto a ser un día 20. Exactamente siete años y dos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería abriera diligencias penales por los primeros indicios de una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de El Ejido, el magistrado titular, Jesús Miguel Hernández Columna, ha cerrado una compleja y voluminosa investigación. Y concluye que no solo las primeras sospechas eran ciertas, sino que respondían a una “infraestructura organizada” en connivencia y con la participación de los principales responsables de haberlo evitado: el exalcalde, el exinterventor y el socio privado Abengoa.

Nómina de imputados
Unas conclusiones que mandan al banquillo a 65 imputados, entre ellos el que fue regidor ejidense durante 15 años, Juan Enciso; el exinterventor municipal, José Alemán; funcionarios del Ayuntamiento; directivos del Grupo Abengoa, empresarios afines al entonces poder municipal,  familiares, amigos, empleados y una nutrida nómina de presuntos testaferros.
De los casi 80 investigados que han desfilado por el sumario en la instrucción, el juez ha dejado fuera a 13, cuatro por haber fallecido.
Los 46 folios del auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado dictado ayer contienen un resumen -detallado, pero resumen al fin y al cabo de un sumario de más de 300.000 páginas- que  describe cómo operó presuntamente la trama a la que se atribuye haber desviado más de 60 millones de euros de dinero público a los bolsillos particulares de los principales implicados.

Seis grupos conectados
En realidad, más que una trama monolítica, el auto  dibuja un entramado de seis grupos con relaciones cruzadas entre sí que presuntamente obtuvieron beneficios millonarios entre los años 2002 a 2009 (a los que se ciñe el caso).
El origen está en la creación de la Empresa Mixta de Servicios Municipales Elsur. Esta sociedad, participada en un 70% por Abengoa y en un 30% por el Ayuntamiento, obtenía sus ingresos de este último por servicios de mantenimiento y obras. Pues bien, en doce años, entre 1996 y 2008, Elsur facturó al Ayuntamiento 236 millones de euros, 171 millones y casi 3,5 veces más de lo previsto por trabajos dentro del canon anual y 34 millones (1,5 veces más de la previsión) por trabajos fuera de canon, además de 10 millones en intereses de demora en el pago.
Un incremento tan exagerado tenía una explicación, según el auto judicial: Elsur, en lugar de hacer los trabajos, como le obligaba el pliego de condiciones, con su propio personal y medios, subcontrataba con empresas de varios de los imputados, a las que cedía trabajadores, maquinaria, vehículos y todos los medios de producción. Las subcontratas, por su parte, facturaban a Elsur con precios inflados, desorbitados y fuera de mercado, con lo que la empresa de servicios municipales justificaba, a su vez, incrementar el canon al Ayuntamiento.
Las subcontratas de Elsur están ligadas a los empresarios José Amate Rueda y su familia (Alseconsa, Jarbauros, Merfaoran, Carseal, Mafran Fracenta, Maviroad y Arborimar), que habrían sobrefacturado 24,6 millones de euros, y a Juan Antonio Galán y familia (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor, Lobelia Gestión), cuya sobrefacturación se estima en 15,6 millones de euros. El socio privado, Abengoa, a su vez, facturó por servicios inexistentes a Elsur otros 16,5 millones de euros.
Son las porciones más grandes de la tarta, pero no las únicas. La investigación determina que otras empresas ligadas al cuñado del alcalde, a los hermanos Lirola, o a funcionarios municipales también facturaron a Elsur y/o contrataron con el Ayuntamiento de El Ejido y después desviaron parte de los fondos a pagos a sociedades y personas físicas de los grupos implicados.

Comisiones ilegales
En la trama juega un papel fundamental, según el auto, la empresa Sistemas de Dirección, del exinterventor José Alemán, con la que “se estaría lucrando mediante el cobro de comisiones ilegales por facilitar al resto de los implicados la contratación con Elsur y el Ayuntamiento”.
Un dato relevante para la instrucción es que la sobrefacturación detectada se hizo “con la connivencia y participación tanto del socio privado, Grupo Abengoa, como de los representantes del Ayuntamiento (alcalde e interventor).