En los últimos días la Junta de Andalucía ha derivado a los propietarios del Castillo de la Cala de San Pedro, ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, la responsabilidad de acometer las obras de urgencia necesarias en el Bien de Interés Cultural (BIC) y ha indicado que ninguno de ellos ha presentado un proyecto de consolidación para el inmueble.
Cabe recordar que la asociación 'Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar' alertó a principios de julio a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz mediante una queja de la "posibilidad" de que se produjera un "derrumbe inminente" en el muro de defensa del castillo, lo que, al margen de la pérdida para el patrimonio histórico, suponía "peligro real" para las cientos de personas que en estos meses estivales visitan este conocido arenal del espacio protegido almeriense.
Asimismo, el colectivo conservacionista se dirigía con un segundo escrito a la Consejería de Cultura de la Junta para exigirle la realización de las "actuaciones subsidiarias necesarias" para garantizar la seguridad de las personas y también los valores históricos de este BIC dado que las multas coercitivas impuestas a sus propietarios "no están dando un resultado eficaz".
Sin actuación
Por su parte, en un comunicado, el Gobierno andaluz traslada que, en 2013, dictó orden de ejecución a sus propietarios para que actuasen en el inmueble, incluyendo las obras de urgencia necesarias, y señala que estos "aún no han presentado un proyecto de consolidación" que se les comunicó que tenían que realizar a raíz del informe que la Delegación territorial de Cultura realizó el 26 de abril de 2013 sobre el estado de conservación del Castillo de la Cala de San Pedro y en el que se establecía "la urgencia" de llevar a cabo unas obras de consolidación por un importe de 1.799.309 euros.
Así, remarca que, en base al citado informe, la Junta acordó la incoación de procedimiento de orden de ejecución frente a los propietarios del inmueble, que ha presentado sendos recursos de alzada que aún no se han resuelto.
Por tanto, la Consejería de Cultura se remonta a febrero de 2012, cuando uno de los propietarios del BIC envió por correo electrónico a la administración un documento que tituló ´Proyecto de conservación del Castillo de San Pedro´ pero que, a su juicio, no es sino una "memoria valorada de las actuaciones a realizar y un cálculo de honorarios técnicos".
"En el propio documento, los técnicos redactores del mismo ponen una nota aclaratoria en la que se dice textualmente que el presente documento constituye únicamente una estimación de honorarios profesionales para la rehabilitación del Castillo de San Pedro. No es, en ningún caso, un documento de proyecto. Para la realización de cualquier obra sobre el citado inmueble, deberá redactarse el correspondiente proyecto de ejecución", subraya.
Sin embargo, la propiedad recurrió la decisión de la Junta, ya que en febrero de 2012 había remitido un proyecto de conservación del Castillo, documento este que la Junta asegura que “no se trata de un proyecto como tal, sino de una memoria valorada de las actuaciones a realizar”. Pero Daniel Navarro, propietario de la finca donde se asienta el Castillo, asegura que “si un informe de unas cuarenta páginas que se llama Proyecto de Conservación del Castillo de San Pedro firmado por dos arquitectos de reconocido prestigio y visado por el Colegio de Arquitectos de Almería no les vale, apaga y vámonos”.
Navarro insiste en que es lo que la Junta pide y que se redacto “tal y como marca la ley. Otra cosa es que a ellos no les guste. Si es así, que redacten ellos uno”, concluye.
Los recursos de alzada presentados en 2014 contra la decisión de la Junta aún no se han resuelto.
Valor del BIC
La Junta indica en su comunicado, en el que no se pronuncia sobre la posible expropiación del inmueble que ha pedido 'Amigos del Parque Natural' y se ha remitido a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que, en base a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, se realizó un informe de valoración económica del Castillo de la Cala de San Pedro que se cifro en 193.000 euros.
Reconoce, asimismo, que, en virtud de lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las actuaciones prioritarias a realizar en el monumento sin que se sobrepase el 50 por ciento del importe del valor del mismo, es decir, 96.700 euros, son, en primer lugar, "aquellas tendentes a la seguridad de las personas y la estabilidad estructural del edificio".
Alto riesgo de colapso
Así, según detalla con carácter de urgencia, deberá procederse al vallado perimetral del edificio, de tal forma que se imposibilite su acceso incontrolado y elimine el riesgo de accidente grave para las personas y el vandalismo sobre el propio inmueble y apunta la necesidad de que se retiren todos los elementos añadidos a los paramentos y cubiertas del castillo, como pérgolas, placas fotovoltaicas, bancos, enseres y basuras actualmente existentes en el interior o adosados a sus fábricas.
Además, añade que hay que proceder al refuerzo estructural de la cimentación ya que el "riesgo de colapso de la estructura es muy alto como consecuencia del descalce existente, debiendo asegurarse la estabilidad mediante el cosido de la cimentación al terreno, así como la estabilización del talud natural" y da diversas opciones para acometerlo.
El apuntalamiento de la bóveda que conforma el primer nivel de la torre para evitar su desplome o la consolidación puntual de los sillares o mampuestos de la torre que estén en peores condiciones de estabilidad son otras de las actuaciones que desgrana.
“Yo, encantado de que lo expropien”
Daniel Navarro ha hecho varias ofertas a la Junta para que se haga cargo del Castillo de San Pedro. Primero, se lo cedió por 50 años y, en vista de que esa opción no fue aceptada porque no iban a invertir en algo que no era de su propiedad, quiso regalárselo. Ahora, cuando desde Amigos del Parque piden a la Junta que actúe y lo expropien, Navarro contesta: “Yo, encantado de que me lo expropien. Que paguen el justiprecio y en paz”.
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