PP avisa: si los socialistas no votan las tarifas de Galasa, la empresa cierra

Galasa ha vuelto a ser protagonista en un Pleno de la Diputación Provincial y el motivo del enfrentamiento entre el Partido Popular y los diputados de la oposición. La sesión celebrada este lunes llevaba en el orden del día la aprobación de las nuevas tarifas de la empresa pública Galasa, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en los municipios del Levante y el Almanzora y, como era de esperar, el punto ha sido aprobado con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de IU y C’s.

Los argumentos esgrimidos por unos y otros no han variado de los que han venido defendiendo durante los últimos meses, pero lo que sí ha cambiado ha sido el mensaje de advertencia lanzado por el vicepresidente, Javier Aureliano García:“Si los ayuntamientos gobernados por el PSOE no aprueban las tarifas, en diciembre comenzaremos a desmontar la empresa”. El vicepresidente ha insisitido en que para poder equilibrar Galasa, es necesario que estas tasas se aprueben en todos y cada uno de los ayuntamientos accionistas de la empresa, “de lo contrario, la Ley marca que si uno sólo de los ayuntamientos no lo aprueba, la empresa quedará disuelta automáticamente. Por ello, nos estamos viendo solos ante la necesidad de salvar Galasa”.

En su intervención, García ha expuesto el trabajo que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo “para salvar Galasa desde lo público y no poner en riesgo los 96 trabajadores de la empresa ni el suministro de agua de los municipios”.

Responsabilidad
El portavoz de los socialistas en Diputación considera que, con sus declaraciones, “el equipo de Gobierno quiere desplazar hacia nosotros una responsabilidad que es de ellos”, ha declarado Juan Antonio Lorenzo, quien ha recordado que el PP lleva 5 años gobernando y actualemnte Galasa se encuentra en situación de bancarrota”.

Durante su intervención en el Pleno, Lorenzo ha explicado que están dispuestos “a tender la mano para poder acabar con esta situación antes de finales de año”. Para ello, los socialistas proponen una serie de medidas encaminadas a evitar la disolución de esta empresa en diciembre.

 “Pedimos un plan de inversiones; un plan de saneamiento financiero de la empresa a medio y largo plazo; pero ellos no nos han ofrecido nada de esto, lo único que nos proponen es meter la mano en el bolsillo de los vecinos”.

La portavoz de IU, María Jesús Amate, ha lamentado que los vecinos tengan que asumir “la mala gestión de los políticos” mediante una revisión tarifaria a fin de amortiguar la deuda de 40 millones de euros de la entidad.

Arbitraje hipotecario
Para lo que sí ha habido unanimidad es para la aprobación de la puesta en marcha de un sistema de arbitraje relacionado con el derecho de los consumidores de productos financieros e hipotecarios. Se trata de una iniciativa que va a complementar un servicio que puso en marcha la Institución Provincial junto al Colegio de Abogados de Almería: la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que desarrolla su labor en todos los municipios menores de 20.000 habitantes.

Esta iniciativa persigue además iniciar un proceso de diálogo con las principales entidades financieras de la provincia de Almería para la firma de un protocolo de adhesión a este sistema de arbitraje relacionado con los productos financieros. El vicepresidente ha agradecido a IU este tipo de iniciativas.

Asimismo, la Diputación va a iniciar conversaciones con las asociaciones en defensa de los consumidores y usuarios, así como de la Oficina de Intermediación Hipotecaria para informarle sobre este sistema de arbitraje y los servicios que se van a ofrecer.

Equipamiento informático
El Pleno también ha dado luz verde al I Plan Provincial de Equipamiento Informático para las entidades adheridas al convenio marco para la implantación y mantenimiento de la Red Provincial de Teleadministración.

Este plan supone la compra de servidores y equipos para 32 ayuntamientos: Abrucena, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhabia, Alsodux, Antas, Bacares, Balanegra, Bayarque, Bédar, Carboneras, Castro de Filabres, Chirivel, Cóbdar, Fiñana, Gádor, Garrucha, Huécija, Instinción, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Líjar, Lubrín, Macael, Oria, Paterna del Río, Pulpí, Purchena, Turre, Turrillas y Uleila del Campo.
El plan recoge una inversión de 132.000 euros que redundará en la mejora de la Red Provincial de Comunicaciones y los servicios que ofrecen estos ayuntamientos al ciudadano.