Expedientan a empresarios por no dar de alta a decenas de trabajadores en Aguadulce

Inspectores de trabajo y agentes de la Guardia Civil están desarrollando diferentes operaciones en Almería para luchar contra el fraude laboral. La última actuación ha permitido expedientar a diferentes empresarios por emplear a 31 trabajadores sin haberles dado de alta en la Seguridad Social. La operación, que permite visualizar el alto grado de precariedad en el mercado laboral, se llevó a cabo de noche el pasado 31 de julio en diversos locales de la zona de ocio del 501 en Aguadulce (Roquetas de Mar).

El verano es sinónimo de trabajo en la hostelería, pero en demasiadas ocasiones conlleva una precariedad laboral galopante. La última operación llevada a cabo en Aguadulce ha permitido descubrirlo. Los funcionarios de la Inspección de Trabajo y los agentes de la Guardia Civil, que trabajan juntos gracias a un convenio de colaboración entre los ministerios de Empleo e Interior, han puesto el foco en los locales de ocio con gran afluencia de turistas.

Una de ellas es la muy conocida del 501. Los inspectores y los agentes inspeccionaron 15 locales, bares de copas y restaurantes, y constataron que 31 trabajadores no estaban dados de alta por los propietarios de los establecimientos. Seis de ellos, “compatibilizaban el trabajo con las prestaciones o subsidio de desempleo”, según explicó ayer la Subdelegación del Gobierno en Almería.

La inspección llevada a cabo en Aguadulce también permitió detectar que 15 personas con contratos de trabajo a tiempo parcial, superaban ampliamente el horario establecido, “no ajustándose la realidad a las horas trabajadas”, según aclararon las mismas fuentes.

Seguirán las inspecciones
Los inspectores de trabajo y los agentes de la Guardia Civil seguirán colaborando para desarrollar nuevas operaciones de este tipo en Almería. “Se trata de concienciar a los empresarios para que no defrauden a la Seguridad Social”, recordaron ayer en la Subdelegación. Y es que, todos aquellos que tengan en su plantilla personal sin contrato, se enfrentan a una multa de 3.126 euros portrabajador, con recargos que van del 20% al 50%, y que se incrementan en función del número de empleados que no estén dados de alta en la Seguridad Social. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales que podrían exigirse tras la reforma del Código penal en 2012.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado que se encarga de garantizar el cumplimiento de las Leyes en materia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El trabajador puede recurrir a ella para denunciar situaciones de fraude laboral. Los inspectores de trabajo pueden acudir a una empresa por diferentes motivos: tras una denuncia realizada por cualquier persona, de oficio, o por petición de otros Órganos Administrativos o Judiciales Públicos. Lo que no se admiten son las denuncias anónimas ni las enviadas a través de correo electrónico. En la denuncia siempre debe aparecer la identificación de la persona.