ADIF inicia el proceso para crear la reserva natural de tortuga mora

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha puesto en marcha el mecanismo para iniciar las expropiaciones de terreno de cara a crear la reserva natural de la tortuga mora -´Testudo graeca´- cuyas poblaciones se ven afectadas por la construcción de la plataforma del tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora de la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia.

Estas expropiaciones, según han explicado fuentes del administrador, estarán destinadas a ejecutar las obras compensatorias impuestas por la declaración de impacto ambiental como "contrapartida" por la superficie declarada Lugar de Interés Cultural (LIC) afectada por el tramo.

Cabe recordar que antes de arrancar las obras para este tramo, adjudicadas hace ya más de un año por el Gobierno, la empresa adjudicataria debe llevar a cabo bajo la supervisión de técnicos de Medio Ambiente de la Junta la retirada y salvaguarda de las poblaciones de tortuga mora que se asientan en el espacio por el que discurrirán las vías.

En la ejecución de estas obras compensatorias "se analizarán todas y cada una de las fincas afectadas" con objeto de poder cumplir las prescripciones de la declaración de impacto ambiental con "la mayor sensibilidad hacia los afectados" y "minimizando la afección a regadíos y viviendas", para que lo que se trabajará "en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía".

Las mismas fuentes han precisado que está previsto convocar desde finales de septiembre y principios de octubre las actas previas a la ocupación para estudiar cada caso con el propietario correspondiente. En este sentido, el Ministerio de Fomento ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa donde se recogen las fincas afectadas, todas dentro del término municipal de Cuevas del Almanzora.

Según el anuncio suscrito por el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, el documento estará sometido a información pública durante un periodo de 15 días para que los titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.