La fiscal general del Estado no ve "responsabilidad" de España en el caso de Palomares

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, no ha observado indicios de responsabilidad penal ni tampoco inacción en las autoridades y funcionarios encargados de gestionar durante los últimos 50 años, desde que de forma accidental dos bombas con cabeza termonuclear estadounidense cayeran sobre Palomares. Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado que se ha presentado este martes con motivo de la apertura del año judicial a raíz de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción-Almería contra el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por "desinterés e inactividad para resolver el problema de la contaminación de los terrenos" en la pedanía almeriense a consecuencia del accidente de Palomares.

En concreto, considera que no hay indicios de responsabilidad penal en las autoridades y funcionarios, de los que destaca que en los últimos años han realizado "múltiples actuaciones tendentes a dar una solución definitiva" al problema. En todo caso, estima que "es obvio que lo ocurrido en aquellos años y las posibles responsabilidades que hubiesen podido existir, si fuesen incardinables en el ámbito penal, estarían prescritas, dado el tiempo transcurrido desde entonces". Por ello, "no entiende" que se pretenda hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de lo ocurrido desde el momento del accidente y en las décadas posteriores después de que el 17 de enero de 1966 cayeran en Cuevas de Almanzora y sobre "cientos de hectáreas del litoral y el mar" los restos de bombas estadounidenses.

Se tomaron medidas
La Fiscalía señala que desde entonces se adoptaron "determinadas" medidas para evitar que la salud de los residentes en la zona resultara afectada pero a raíz de la denuncia, ha analizado "lo ocurrido en los últimos años".

En concreto, la Fiscalía repasa en su memoria las distintas actuaciones acometidas en la zona desde 1966 y especialmente desde 2004, cuando el Gobierno aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica de Palomares para evaluar la contaminación residual en las zonas afectadas por el accidente y establecer estrategias de recuperación ambiental.