El próximo miércoles, 21 de septiembre, tendrá lugar en Sevilla una reunión entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el marco de la comisión mixta bilateral del Algarrobico. Cita cuyo objeto será tratar los términos de las futuras actuaciones para con el hotel de Azata del Sol ubicado en el paraje que le da nombre de la costa de Carboneras.
Así lo indicaban fuentes del departamento encabezado por José Fiscal, que han precisado que en dicho encuentro se va a analizar el plan de actuación conjunto para el derribo del hotel. Por esta razón, se prevé que a la reunión asistan representantes de la Dirección General de Costas del Ministerio, y, por la Junta, la Secretaría General de Ordenación del Territorio, la Secretaría General Técnica, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y la Asesoría Jurídica de la Consejería.
Más implicación
El pasado agosto Fiscal reclamó del Gobierno central mayor implicación en el asunto, pues, admitiendo que hay una colaboración con el Ministerio en la hoja de ruta que se está diseñando para devolver la playa y retirar de allí el hotel construido, este trabajo “en gran medida lo está llevando a cabo en solitario la Junta”, asegura.
De este modo, Fiscal insistió en una mayor implicación, ya que, según precisaba, antes incluso de que se diera la conformidad por parte del Ministerio de Medio Ambiente al informe elaborado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, ya se había empezado a redactar un plan de actuación.
En verano, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó suspender los dos procesos abiertos contra la Junta de Andalucía y contra el Ayuntamiento de Carboneras por la promotora del hotel en los que reclama indemnización por daños y perjuicios. Suspensión que será efectiva hasta que la Audiencia Nacional (AN) resuelva otros dos procedimientos que se siguen también por responsabilidad patrimonial.
Así, en su resolución de 14 de julio, la sala de lo Contencioso-administrativo resolvía que ha lugar a la prejudicialidad alegada por el Gobierno andaluz, que solicitó la suspensión al considerar que la existencia de estos pleitos en la AN, “anteriores” a los planteados ante el TSJA, podrían causar litispendencia. Lo que supondría la consiguiente inadmisión de los recursos de Azata del Sol y de Azata Patrimonio contra la denegación de indemnización que en su día realizó la Junta, o, al menos, su prejudicialidad.
El Alto Tribunal andaluz ya resolvió a favor de la petición de la Junta en uno de los procedimientos al considerar que efectivamente existe prejudicialidad, si bien ha sido recurrido en súplica por Azata.
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