Son las dos de la tarde y al contrario que el resto de jóvenes de su edad Alejandro, de 12 años, no está en clase. Se encuentra en su habitación postrado en una cama de la que sólo se atreve a salir para ir al baño. No habla ni tan si quiera con sus padres, con los que se comunica asintiendo o negando tímidamente con la cabeza.
La última vez que acudió a clase, un compañero le agarró del cuello y le empujó contra la pared. Acababa de comenzar el curso. Es el último episodio de un calvario marcado por el acoso escolar que este joven de Olula del Río sufre desde los ocho años. Ahora, tras poco más de una década de existencia y cuatro años de supervivencia, Alejandro “no quiere vivir”, relata su madre. Se siente culpable de los insultos y golpes que le ha propinado “un mismo grupo de cinco jóvenes” desde que estudiaba en el colegio Antonio Relaño.
Desde los 8 años
La pesadilla de Alejandro y de su familia comenzó tras ser diagnosticado de una discapacidad con ocho años. “Llegaba a casa y le faltaba mucho material escolar. Después empezó a venir con moratones”, recuerda su madre, Inmaculada Rivas. Esta situación hizo que el joven cambiase de colegio. Una vez en el nuevo centro, el CEIP Trina Rull, llegó la normalidad hasta que en febrero de este año volvió a cruzarse en la calle con algunos excompañeros. El resultado fue otra agresión y el miedo se apoderó de nuevo de Alejandro, que comenzó a medicarse y pidió al director de su colegio que le hiciera “repetir sexto curso” de Primaria.
Sabía que con el salto del colegio al instituto este verano sus presuntos acosadores podrían volver a ser, también, compañeros de clase. Su desasosiego llegó a tal punto que incluso preparó su despedida. “Encontramos notas donde se despedía de nosotros”, cuenta Inmaculada, aunque “entre todos conseguimos levantarle”. No sirvió de mucho. Sus peores temores se cumplieron y las promesas de la dirección del centro para evitar que se repitiera lo que vivió en su primer colegio pese a las advertencias de los padres no evitaron las agresiones del pasado mes.
Tres de los antiguos presuntos agresores compartían aula con su víctima. “El centro no activó el protocolo”, denuncia Inmaculada. Alejandro, diagnosticado con una depresión moderada, no irá a clase “hasta que trasladen de centro” a los jóvenes que señala como sus agresores. “Estoy luchando por la vida de mi hijo”, sentencia su madre. Por ahora, la única solución que le han dado son los antidepresivos con los que Alejandro, “sedado” a sus 12 años, permanece ajeno a todo, inmerso en una pesadilla que ya dura cuatro años.
Otras dos denuncias en Olula del Río
Dos familias más de Olula del Río han presentado denuncias por acoso escolar. En uno de los casos, un menor de 13 años llegó a casa con graves magulladuras. En otro caso, siempre provocado por los mismos presuntos agresores, otro niño fue víctima de la grabación de un vídeo de alto contenido sexual. El abogado de las tres familias, Juan Padilla, explica que buscan el traslado de centro para los cinco acosadores y una orden de alejamiento para el único mayor de 14 años.
No ir más al colegio
El director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae), Rafael Romero, ha lamentando la ausencia de un protocolo efectivo para la convivencia en los centros escolares y ha recordado la posibilidad de interponer denuncia, tanto a nivel civil como penal, por la responsabilidad del centro educativo. “Mi consejo para Alejandro es que no vaya más al centro, que aporte a la denuncia los informes médicos de los que disponga y que sepa que contra el propio instituto puede denunciar por lo civil, por el daño psicológico, y por lo penal, contra los responsables del centro”, ha precisado, recordando que los casos de acoso suelen comenzar sobre los cinco o seis años. Para el director del Iapae, es “totalmente erróneo” enfocar el problema hacia el menor que sufre o hablar de acosadores o acosados: "un menor muchas veces no tiene esa intención, y se trata de hechos de agresiones físicas, verbales o de exclusión que se convierten en eso por su reiteración”.
Romero ha denunciado que “ni un solo director” declare un caso de acoso y ha lamentado la existencia de un protocolo “meramente genérico”. Por otro lado, se ha mostrado crítico con figuras como las asociaciones de madres y padres de alumnos “que solo informan de actividades y para las que esto no debe suponer ningún problema” y el profesorado “sumiso que acata lo que diga un señor”, además de responsables políticos que sirven como “meros suministradores materiales” o la Inspección, puesta para “limpiar” la imagen de los directores, según Romero.
“El protocolo se mantiene activo”
La delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha asegurado ayer lunes que Educación mantiene “activo” el protocolo ante el posible caso de acoso escolar denunciado por la familia del menor de 12 años matriculado en el instituto Rosa Navarro, de Olula del Río. Una versión que contradice a lo expuesto por la familia del joven, que denuncia la falta de protocolo alguno por parte del centro, al menos hasta ahora.
La delegada ha manifestado que la primera denuncia realizada por la familia del alumno fue “archivada” pero que el protocolo por acoso escolar “se mantiene”. En este caso “como en todos”, según ha dicho, se están “siguiendo todos los pasos”, aunque solo se tenga una “sospecha”, puesto que “luego se puede confirmar” como “ha ocurrido en otras ocasiones”.
Expulsión
La familia del alumno ha asegurado que su hijo sufre acoso escolar por las mismas personas desde que “tenía ocho años” y en diciembre pasado puso el caso en conocimiento de la comunidad educativa aunque los supuestos acosadores siguen compartiendo aula con su hijo. El protocolo escolar se emplea, según Fernández, para la “prevención, la detección inmediata y el abordaje” de la situación; y se hace “en todos los casos”. Reconoce que “algo estamos haciendo mal en la sociedad” cuando se dan casos de este tipo que son “denunciables”.
La Junta seguirá “trabajando”, según Fernández, para que “entre toda la sociedad” se puedan atajar estas conductas, ha asegurado. Según la familia del joven de 12 años, de cara al comienzo de este curso puso su caso en conocimiento de la Delegación de Educación y del Defensor del Pueblo de Andalucía. “Le enviamos todos los informes”, asegura la madre. Algo que no ha impedido que “tres de los jóvenes” y presuntos acosadores compartan aula con el niño. En el día de ayer la familia manifestó que “la primera medida ha sido la expulsión del centro durante 30 días” de uno de los acosadores, aunque está lejos de ser suficiente. “La única medida que queremos es que sean cambiados de centro”, ha manifestado la madre del joven.
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