Sin soluciones año y medio después del desalojo de ’Tierras de Almería’

Los afectados por el derribo de chabolas no han recibido aún respuesta a pesar de los compromisos de la Junta 

Un inmigrante busca sus enseres entre los restos de las chabolas derruidas en el asentamiento de "Tierras de Almería", en junio de 2015.
Un inmigrante busca sus enseres entre los restos de las chabolas derruidas en el asentamiento de "Tierras de Almería", en junio de 2015.
Rosa Ortiz
17:55 • 31 oct. 2016

La Plataforma por los Derechos y la Justicia Social en Almería ha denunciado que, año y medio después del desalojo del asentamiento de ‘Tierras de Almería’, no se ha ofrecido ningún tipo de solución habitacional a los afectados. 
El derribo de las 38 chabolas que conformaban el poblado tuvo lugar a mediados de junio de 2015, después de que distintas autorizaciones judiciales ampararan la decisión adoptada por el ayuntamiento de El Ejido por las condiciones de precariedad, higiénicas y sanitarias, del asentamiento. 




El expediente para el derribo de cada una de las chabolas se había iniciado dos años antes y, a pesar de ello, en el momento el que las máquinas tiraron abajo el asentamiento, todavía vivían allí en torno a 60 personas, según cuantificaron en su momento los propios damnificados. Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, no se han dado, de momento, soluciones a los afectados. 




Desatención de la Junta




El caso, para la Plataforma, es un “ejemplo” de la desatención de la Junta de Andalucía a los asuntos que tienen que ver con la inmigración y del poco interés mostrado, además, por el ayuntamiento. Según Francisco Sánchez, portavoz de la organización, la diputada socialista Sonia Ferrer -entonces delegada del Gobierno de la Junta en Almería- “prometió” ayuda a los afectados. “Dijo incluso que la Junta había liberado dinero para resolver este problema y que lo verían con el ayuntamiento, pero, hasta ahora, no se ha hecho nada”, ha denunciado, en declaraciones a Cadena SER Poniente. 




Soluciones urgentes




Poner soluciones a la falta de alternativas habitacionales y resolver los “acuciantes” problemas de precariedad de un colectivo, el inmigrante, que en El Ejido es ya un tercio de la población censada, son medidas que para la Plataforma por los Derechos y la Justicia Social deberían atenderse “lo antes posible” antes de que puedan producirse conflictos de tipo social. “Hay mucha gente que está viviendo al límite y todos estos problemas generan una situación compleja. Las administraciones tienen que ponerse manos a la obra porque esto es un polvorín”, ha señalado Sánchez. 
 






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