Caso Poniente: el Ayuntamiento de El Ejido pide 22 años de cárcel para Enciso

Siete años después de ser detenido una buena mañana de octubre nada más entrar -como cada día- en su despacho del Ayuntamiento de El Ejido, el que fuera todopoderoso alcalde del segundo mayor municipio de la provincia, Juan Enciso, se enfrenta a una realidad a años luz de esa estampa de intocable hombre público.
Ese mismo ayuntamiento que dirigió durante quince años le acusa de haber sido protagonista activo en el presunto saqueo de las arcas municipales cometido de manera continuada durante años -la investigación solo abarca de 2002 a 2007- junto con un extenso entramado de familiares y amigos unidos por intereses económicos y complejas relaciones societarias. Todo un lobby concebido para enriquecerse a costa del dinero de los ejidenses, de acuerdo con el relato que hacen los representantes legales del propio Consistorio, personado como acusación particular en el denominado Caso Poniente.
Su denso escrito de conclusiones y peticiones de pena previo a la apertura de juicio oral señala a 65 personas como presuntas partícipes en una trama que habría sustraído, según sus cuentas, 84,5 millones de euros de los fondos municipales. Enciso no era el único pero sí la cabeza política visible y necesaria para haber podido llevar a cabo el saqueo.
A él le acusa el que fuera ‘su’ Ayuntamiento de siete delitos continuados por los que le pide 22 años de prisión, además de 42 años de inhabilitación y que responda solidariamente de una indemnización de más de 78 millones de euros por el daño causado.

El modus operandi
El Ayuntamiento, como principal perjudicado de la que pasa por ser la mayor trama de corrupción institucionalizada puesta a descubierto hasta ahora en Almería, concluye que los acusados conseguían sus grandes beneficios a través de la contratación directa de obras o servicios con el Consistorio o, sobre todo, con la empresa municipal Elsur “a precios desorbitados”. Eso solo era posible, de acuerdo con este relato, gracias a la acción directa de Enciso y de otro personaje clave, al que considera el urdidor primero de la trama, el ex interventor accidental José Antonio Alemán.
En pago de unos favores que tanto beneficio reportaban a empresarios amigos y a familiares, uno y otro habrían estado recibiendo  comisiones ilegales, en forma de pagos “bien mediante entregas directas, bien mediante favores y prebendas, bien mediante facturaciones ficticias por servicios inexistentes”. De esta manera, se llegó a crear una compleja red de facturaciones cruzadas entre sociedades de los principales acusados, que escondían el pago de esas cantidades por comisiones ilegales.
El escrito de acusación del Ayuntamiento pormenoriza en sus 147 folios la forma de actuar de los distintos grupos que componían el entramado, identificados por el líder de cada uno de ellos: Enciso, Alemán, los empresarios subcontratistas de Elsur José Amate, Juan Antonio Galán, los también empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, Abengoa como socio privado de Elsur y un grupo de funcionarios municipales.