Carboneras

La Junta asegura que la demolición del Algarrobico “no tiene vuelta atrás”

Por su parte, Salvemos Mojácar iniciará un procedimiento para que la justicia medie en el asunto

Imagen del Algarrobico durante su proceso de construcción previa a la paralización.
Imagen del Algarrobico durante su proceso de construcción previa a la paralización.
Europa Press / La Voz de Almería
21:31 • 05 nov. 2016

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, realizaba ayer una valoración que “no puede ser más negativa” respecto “a la actitud” de la empresa Azata en relación al derecho de la Junta de Andalucía para ejercer el retracto de los terrenos en los que se asienta el hotel del Algarrobico, en Carboneras. Palabras en las que indicaba que la citada compañía ha proferido “amenazas” a la Administración andaluza, tras lo que Fiscal enfatizó que el proceso de demolición referido a dicho hotel “no tiene vuelta atrás”.




Así, una vez que las empresas constructoras Azata del Sol y Azata Patrimonio S.L no comparecieran este viernes en la sede de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería para poder formalizar el retracto y cumplir de forma voluntaria la sentencia del Supremo, el consejero señaló que ese comportamiento “demuestra que la empresa no quiere colaborar”.




Además, indicaba este sábado que “están absolutamente fuera de lugar las amenazas que profiere en el burofax”, remitido el viernes a la Delegación, “advirtiéndonos de que emprenderían acciones legales si ocupábamos el terreno en el que se asienta el Algarrobico".




Frente a ello, Fiscal remarcaba que “el Gobierno andaluz es un gobierno serio” y la Consejería “actúa siempre en el marco de la ley”. “Lo que no es comprensible es que esta empresa, después de una sentencia del Tribunal Supremo, se oponga a un derecho de retracto que se reconoce en esta sentencia", agregaba.




Razón por la que el consejero insiste en que “vamos a seguir trabajando” y “esto no tiene vuelta atrás”. “Tardará más o menos, pero el Algarrobico será derribado y la playa será devuelta a su estado original", sentenciaba. A su vez, Fiscal también ha pedido a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que “se implique en este asunto y estreche la colaboración con la Junta para devolver la playa a su estado original”.




En punto muerto
Ante “la actitud obstruccionista de la Junta de Andalucía al meter en vía muerta la demolición del hotel del Algarrobico”, a raíz del movimiento del Gobierno autonómico de “pedir inútilmente” al TSJA que obligue a Azata a que le entregue los terrenos, el colectivo Salvemos Mojácar ha decidido solicitar a un juez “que ordene la demolición del edificio”.




Las causas de esta actuación se deriban del comunicado de la Junta donde anunciaba que los representantes de Azata, propietaria del hotel, no  acudieron a la cita para entregar la propiedad de los terrenos a la Junta de Andalucía.




Situación ante la que la Junta anunciaba que tras esta segunda negativa de Azata a entregar los terrenos volverán a acudir al TSJA para que sea este quien obligue a Azata a cumplir las sentencias que han acordado que la Junta “es la propietaria de El Algarrobico por haber ejercido correctamente el llamado derecho de retracto”.


Es por este motivo que Salvemos Mojacar acordaba ayer mismo, y “con carácter de urgencia”, iniciar un procedimiento contencioso-administrativo para que sea la justica, al margen de las administraciones, la que “obligue al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar un expediente de demolición” para restablecer la legalidad urbanística, por ser el edifico ilegal e ilegalizable.


Y es que, en junio de 2015, el TSJA comunicó a la Junta que ellos no eran competentes para obligar a Azata a entregar los terrenos, algo que tendría que decidir un juez ordinario. “Pedir por segunda vez al TSJA que obligue a Azata a que les entregue El Algarrobico es una pérdida de tiempo que sólo se puede justificar como una maniobra dilatoria más por parte de la Junta”, remarcan; lo que retrasa su demolición, “que es lo que han venido haciendo en los juzgados desde el año 2005”.



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