El Defensor del Pueblo lleva a la Fiscalía la falta de respuesta sobre las obras en La Viña

Los más de cuatrocientos días transcurridos desde que el Defensor del Pueblo requiriera al Ayuntamiento de Macael información sobre el impago de unas obras de urbanización no han sido suficientes para dar una respuesta a este organismo.

La localidad del Valle del Almanzora ha pasado, de este modo, de figurar en la lista negra de “entidades entorpecedoras” desde abril de 2016 a estar presente en el listado de doce municipios españoles que el Defensor del Pueblo ha llevado ante la Fiscalía. La intención de esta Institución dependiente del Gobierno de España es que la Fiscalía analice si es posible aplicar el artículo 502.2 del Código Penal que “obstaculiza” su trabajo, pudiéndose tipificar como un presunto delito de desobediencia.

Requerimientos
El Defensor del Pueblo solicitó en septiembre de 2014 información sobre el impago de unas obras realizadas en La Viña. El tercer y último requerimiento se hizo en octubre de 2015.  Cuando el Ayuntamiento fue incluido en la lista de administraciones “entorpecedoras” su alcalde, Raúl Martínez, explicó que el pago de la cantidad adeudada a una empresa por trabajos de urbanización “no le corresponde” al Consistorio de Macael” sino que al ser “encargadas por una Junta de Compensación” sería esta la que debería realizar el pago a la empresa que acudió al Defensor del Pueblo. Aún así, el regidor del municipio aseguró en abril a este periódico que el Ayuntamiento estaba “preparando una respuesta” que, a tenor de la decisión del Defensor del Pueblo, no ha llegado 431 días después del último requerimiento.

El alcalde aseveró entonces que dicha Junta de Compensación está formada por los propietarios de terrenos donde se ha urbanizado y que correrían con los gastos de obras como el saneamiento o el alumbrado. El Ayuntamiento forma parte de la Junta aunque solo “al 7%” según reconoció el alcalde, por lo que “le corresponderá pagar ese porcentaje pero no a la empresa” sino a la Junta de Compensación, “responsable” de efectuar el pago, defendió Martínez.

Otra administración almeriense que aparece en el listado de instituciones “entorpecedoras” es la de Mojácar, aunque en este caso el último requerimiento data del 21 de noviembre de 2016. Fuentes municipales han explicado que “se están atendiendo los requerimientos” y que la reclamación está relacionada con “la materia de obras”.