En cuestión de días el actual alcalde popular del municipio de Oria y el anterior regidor socialista han sido llamados a prestar declaración ante el juez. Si bien pasarán por los juzgados por diferentes procesos judiciales, los casos tienen un denominador común: el oponente político como denunciante.
El actual primer edil, Marcos Reche (PP), está llamado a declarar a primera hora de la mañana de hoy como investigado (antigua figura de imputado) tras la denuncia por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. El caso se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento que preside Reche se negó, presuntamente, a facilitar el acceso a su empleo a la anterior secretaria titular aludiendo que en su lugar se encontraba un nuevo secretario accidental.
“El dinero destinado para la secretaria titular se lo ha dado a otra persona sin que hubiera ningún título legítimo para dárselo”, aseguran fuentes jurídicas para explicar la denuncia por presunta malversación de caudales públicos.
Estos hechos le han valido una condena del TSJA al Ayuntamiento de Oria en la que se le ordena el pago de alrededor de 30.000 euros a la secretaria en concepto de “retribuciones dejadas de percibir” por la afectada, que denunció los hechos junto al exalcalde y actual portavoz socialista, José Pérez.
Contratos “a dedo”
Recientemente el exregidor socialista ha prestado declaración por un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que bajo su gestión entre 2007 y 2011 contrató a 46 personas “sin proceso selectivo alguno” y “en un número superior al autorizado” conforme a los presupuestos.
La Fiscalía, quien inició las acciones legales tras la presentación de documentos por parte del actual Gobierno popular, solicitará diez años de inhabilitación para empleo o cargo público en un juicio que continuará en febrero.
El escrito de acusación le atribuye además haber contratado “de forma directa y verbal” parte de la obra de la guardería por un importe de 400.000 euros y tres proyectos técnicos por un montante global de casi 127.000 euros para un pabellón deportivo y para un espacio escénico.
Fallo del TSJA: Indemnización a la exsecretaria
La última sentencia judicial relacionada con los casos que rodean al Consistorio en su actual etapa y en la del anterior regidor data del 17 de enero. Hace escasos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento para evitar el pago de una indemnización de alrededor de 30.000 euros a la que fue su secretaria y a la que, según denunció, en 2013 se le impidió acceder a su trabajo.
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