La promotora reclama al Ayuntamiento 1,7 millones del terreno del Algarrobico

Azata SL, empresa promotora de El Algarrobico, ha reclamado al Ayuntamiento de Carboneras la devolución de los casi 1,7 millones de euros que abonó a esta corporación en enero de 2003 para adquirir dos de las parcelas que integran la finca sobre la que se levanta el hotel y en las que, además, se proyectaba la construcción de viviendas. La reclamación se debe a que, según admite la empresa, el desarrollo urbanístico de este sector se ha vuelto “inviable” tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le da la propiedad a la Junta de Andalucía.

La mercantil sostiene que el fallo dictado por el TS en febrero de 2016 implica, entre otros extremos, que “no se puede materializar el aprovechamiento lucrativo y la edificabilidad de uso residencial” de los citados terrenos, por lo que insta al ayuntamiento carbonero a restituir el precio de compraventa de estas fincas, en concreto 1.680.000 euros, “so pena de producirse un enriquecimiento injusto a favor” de la administración.

Más que el precio
La reclamación previa a la adopción de medidas por vía judicial, presentada el 23 de febrero y consultada por Europa Press, señala que no solo el precio que pagó por las parcelas debe ser objeto de restitución, sino que demanda asimismo el abono de “los demás gastos, frutos e intereses, y demás daños y perjuicios sufridos” por Azata.

Al tiempo, lamenta la “larga y compleja sustanciación de procedimientos judiciales e incesante litigiosidad” de la que ha sido objeto la zona “a lo largo de los últimos años”.

Pero si alguien se lamenta, ese es el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, quien ha calificado la reclamación de Azata tirando de ironía como de “otra buen noticia para el pueblo”.

La promotora del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones indica en su escrito que la sentencia que respalda la validez del derecho de retracto que ejerció la Junta de Andalucía sobre el sector ST-1 o Algarrobico por 2,3 millones de euros implica que el Plan Parcial, el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización aprobados para su desarrollo urbanístico “devienen en ineficaces” para que estas dos parcelas puedan ser urbanizadas y edificadas ya que están bajo “el régimen de protección” del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Contradicción
Precisamente, el hecho de que la Junta pague 2,3 millones por el suelo a la propia Azata, supone para el alcalde de Carboneras una contradicción. “No parece lógico que se tenga que pagar dos veces por lo mismo”, comenta Hernández, quien además recuerda que “ellos no quieren aceptar el retracto, pero van y piden el dinero por otro lado”.

Azata remarca que la Junta “habrá de apropiarse” de estas fincas, lo que, según apunta, conlleva la “pérdida de manera irrevocable” del título de propiedad por parte del Ayuntamiento de Carboneras de las parcelas municipales que fueron enajenadas a Azata mientras que los pronunciamientos judiciales sobre la ejecución del planeamiento urbanístico “hacen desaparecer la realidad jurídica de las parcelas vendidas”.

En su reclamación al Consistorio, la empresa señala que “el hecho de que se haya confirmado en sentencia firme que en ningún caso se podrá materializar el desarrollo urbanístico contemplado en el Plan Parcial, conlleva que también haya desaparecido, de forma sobrevenida, todo el  aprovechamiento lucrativo y edificabilidad de uso residencial que fue tomada en consideración por técnicos municipales para justificar la valoración del terreno”, añade en alusión a la sentencia también de la misma fecha y también del Supremo que confirma que el suelo es no urbanizable de especial protección.

Compra frustrada
La promotora considera  que la actual situación se traduce en que se ha perdido el objeto del contrato suscrito con la corporación local, por entonces bajo mandato del PSOE, para adquirir esas parcelas “en virtud de un derecho de la Junta anterior” a su compra y en que se “ha frustrado el fin o causa” del citado contrato formalizado en escritura pública el 28 de enero de 2003, lo que, en su opinión,  le da derecho al reclamar al Ayuntamiento la restitución de lo abonado.

El alcalde no entra a valorar la situación de la promotora, pero sí hace hincapié en que “el municipio de Carboneras es otro damnificado de todo este asunto y, además, uno muy importante”. Hernández hace hincapié en el hecho de que desde el Ayuntamiento “nadie tuvo intención nunca  de engañar o estafar a nadie”, por ello, y a la espera de lo que digan los servicios jurídicos municipales, cree que sería injusto que tuviesen que pagar nada a nadie.

"¿Pagar?, ni no lo planteamos por ahora"
Espontánea, así ha sido la respuesta del alcalde, Salvador Hernández, ante la pregunta de cómo afectaría al Ayuntamiento tener que hacer frente a lo que Azata pide. “¿Pagar?, ni nos lo planteamos ahora mismo”.

De todas formas, el alcalde solo comenta: “Sería un buen pellizco. El presupuesto de Carboneras es de 13,4 millones; así que, haga la regla de tres y verá lo que supone pagar 1,7”. De momento, la reclamación está en manos del departamento jurídico del Ayuntamiento.