El exalcalde de Zurgena Cándido Trabalón, que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público negó ayer en el comienzo del juicio por el ‘Caso Costurero’ que interviniese “en nada” respecto a la promoción de cinco viviendas y de un bloque de viviendas en solares propiedad de él o de su familia.
Sin embargo, el fiscal considera se construyeron “a cambio” de la concesión de licencias urbanísticas a las constructoras “sin cobrar precio”. Trabalón, acusado de presunta corrupción urbanística durante su mandato como regidor del Partido Andalucista, ha asegurado desconocer “si se pagaron” los inmuebles en el núcleo de Los Menchones y el urbano de Zurgena ya que, en uno de los casos, lo llevaban “mi padre y mi hermana” y, en otro caso, “mi madre”, al tiempo que ha justificado que no se abstuviese en los plenos en los que se votó la concesión de estas licencias “porque el efecto final, ya que se votaron por unanimidad, hubiera sido el mismo”. A preguntas del fiscal, que sostiene que habría incurrido en un presunto delito de cohecho, Trabalón, ya retirado de la política, ha afirmado que en el caso de Los Menchones, las licencias se dieron en un terreno “propiedad de mi hermana por una donación de mi padre en 1999, antes de ser yo alcalde”.
Acusaciones
En el caso del bloque de cuatro plantas y local comercial el exalcalde aseguró que fue “mi madre la que encargó el edificio”.“Llegó a un acuerdo con la empresa porque querían el local para oficina”, ha trasladado para responder “yo qué sé” cuando el fiscal le ha interpelado sobre si se pagó la obra, tasada en “200.000 euros”, y ha hecho alusión a que la promotora se benefició de licencias.
Trabalón, a quien se acusa en un procedimiento que se sigue contra 23 personas por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha explicado que contrataron una caja de seguridad para poner a resguardo las joyas “porque se estaban produciendo muchos robos” en Zurgena. “Quiere dar a entender que ha habido trapicheo, pero si eso hubiera sido así, las licencias se le hubieran dado antes”, ha denunciado, basando su defensa en tres máximas. Estas se basan en que “tenía delegadas las competencias urbanísticas” en su concejal de Urbanismo, también procesado, Manuel Tijeras; que las licencias que se aprobaron en pleno “fueron informadas” de forma “favorable” y que, en el caso de las que se concedieron por silencio administrativo “era la secretaria municipal” quien las certificaba.
El fiscal le atribuye la concesión de licencias para la construcción de viviendas en no urbanizable por cauces “irregulares” y sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Acuerdos de conformidad: los extécnicos admiten los cargos
La Fiscalía divide en varias fases la presunta trama para dar licencia a viviendas en suelo no urbanizable. Un método se basaba presuntamente en indicar a los promotores la necesidad de urbanizar el suelo para considerarlo urbano “antes o al solicitar” la licencia. Luego se concedieron mediante silencio administrativo. El fiscal remarca que, en este punto, el exalcalde contrató a Carlos D. B.F. (arquitecto que ha admitido los hechos imputados alcanzando un acuerdo), a quien se le encargó emitir informes favorables. Labor que siguió su sucesor Francisco S.G., que también ha pactado acuerdo de conformidad.
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