El PSOE pide explicaciones a la Diputación "por el caso Olula del Río"

Los socialistas creen que el gobierno provincial debe pronunciarse

La Voz
18:15 • 30 may. 2017

El Grupo Socialista de la Diputación considera que el equipo de Gobierno provincial “del Partido Popular” debe dar “explicaciones” por los “escandalosos hechos” que han dado lugar al auto judicial donde se abren diligencias de investigación contra el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual (PP) y contra el exdiputado provincial de Fomento, Miguel Ángel Castellón, actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital almeriense. 


En el mencionado auto se acuerda abrir diligencias por dos hechos de los que, según los socialistas, el  presidente de la Diputación, Gabriel Amat, “no debe alejarse” puesto que su vinculación es “absoluta al ser la cabeza del equipo del Gobierno provincial y presidente del PP, partido del alcalde de Olula”, como le ha recordado la  diputada socialista, Ángeles Castillo. En un comunicado, el Partido Socialista  considera que “es la Diputación Provincial la que, como investiga ahora la justicia, adjudica una obra en Olula del Río cuando ya estaba presuntamente finalizada e inaugurada por el alcalde”.


Los hechos que se relatan en la denuncia de la Fiscalía están “avalados por documentos que probarían de manera contundente las presuntas irregularidades que se investigan y además, apuntan directamente a nuestra institución provincial, concretamente al área de Fomento, del que Castellón “era titular en esa época”.




Hechos “muy graves”
En este sentido “aunque defendiendo la presunción de inocencia”, Castillo se pregunta “cómo pueden adjudicar los diputados del PP una obra que ya está ejecutada” y “cómo es posible que el presidente de la Diputación firmase el contrato para la ejecución de una obra que ya terminada”. Ante tales despropósitos y “unos hechos que podían ser constitutivos de delito”, el PSOE ha lamentado que la Diputación “argumente el silencio en su defensa ante lo que podría derivar en una condena a cargos públicos por hechos muy graves”.






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