El exalcalde citado por el juez por las láminas de Goya desaparecidas

El Juzgado de Instrucción 2 de Vera ha citado a declarar el calidad de investigados al exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández y a la actual concejal en la oposición, Josefa Cruz, ambos del PSOE, en el marco de la causa penal para dirimir si incurrieron en presunta prevaricación al adquirir con fondos públicos una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya ‘Desastres de la Guerra’ que, además, está “desaparecida”.

El auto fija la comparecencia en sede judicial de Fernández y Cruz para el 16 de octubre, el mismo día en que deberán acudir a prestar declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento de Carboneras y también la bibliotecaria municipal. Para el 13 de septiembre, la juez ha llamado a prestar testimonio al actual alcalde y denunciante, el independiente Salvador Hernández (Gicar).

En su resolución, la magistrada Cristina Martínez interesa, asimismo, que se oficie al secretario para que aporte copia del expediente administrativo por el que el Consistorio carbonero compró en agosto de 2009 la colección y copia de “cuantos deliberaciones o acuerdos sobre ese particular obren en el Ayuntamiento, bien de órganos unipersonales o colegiados y, en particular, del pleno y de la junta de gobierno local”.

El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

Dos años
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de “forma casual” al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.

De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.

En el transcurso de su investigación, la Guardia Civil tomo declaración al exalcalde Cristóbal Fernández, quien afirmó “con rotundidad” que la colección con 80 facsímiles se “encontraba en el archivo municipal” cuando abandonó la Presidencia del Ayuntamiento en julio de 2011 y que “consecuentemente debió ser certificada” por el secretario municipal al hacer el traspaso de la vara de mando.

Fernández señaló a su entonces concejal de Cultura como la persona que hizo el “pedido con su plena confianza” para que la colección fuera expuesta al público y cedida a otras instituciones.