El Hospital de Poniente es uno de los cinco centros hospitalarios que, según el informe “Fiscalización de determinadas áreas de la gestión de recursos humanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2013”, que la Cámara de Cuentas hizo público el pasado miércoles, excedió el límite retributivo establecido por norma en el pago a sus directivos.
En el caso del Hospital de Poniente, el documento alude a una única persona, que tenía en 2013 -periodo al que se circunscribe el estudio- un contrato de alta dirección con la Agencia Sanitaria Poniente y que realizó durante el citado año tareas propias como cargo intermedio de línea quirúrgica. El citado directivo, según se revela en el informe del órgano fiscalizador, cobró (a fecha del 31 de diciembre de 2013) un total de 78.680,79 euros. El límite establecido en Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de Julio de 2012 fijó en 59.564 euros la cuantía máxima a percibir por este tipo de cargos.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha revelado que varios altos cargos sanitarios de la Consejería, las agencias públicas empresariales sanitarias, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de varios hospitales públicos excedieron en más de dos millones de euros el límite retributivo establecido por norma en 2013, esto es, el límite de sueldo máximo que podían recibir.
Límite normativo
El dato se apunta en el informe arriba citado, donde se detalla que de las comprobaciones realizadas sobre el cumplimiento de los límites retributivos establecidos por la normativa presupuestaria para altos cargos y directivos, se desprenden diferentes incumplimientos. En concreto, en la Consejería hubo dos efectivos con un exceso total de 28.784,44 euros; en los servicios centrales del SAS, se pagó de más a otros dos directivos, con un exceso retributivo de 34.126,84 euros; en los cinco hospitales seleccionados se detectaron sobresueldos a ocho cargos con 40.734,52 euros; y en las agencias públicas hubo cuatro directivos y 93 cargos intermedios con un exceso total de 2.028.598,58 euros.
En su informe, la Cámara de Cuentas, que alude a que estos excesos se produjeron en un momento económico especialmente sensible (entre los años 2011 a 2013), cuando se “volatilizaron” del Servicio Andaluz de Salud 7.773,44 empleos, “recomienda” a la Junta de Andalucía el reintegro de esos más de 2 millones de euros de retribuciones pactadas fuera de convenio.
En las alegaciones presentadas al informe por la dirección del Hospital de Poniente, se alude a que “el puesto de directivo de APES Poniente al que se refiere el Informe se trata de una Subdirección Médico de Línea Quirúrgica con contrato de alta dirección en 2013 con la Agencia Sanitaria Poniente, realizó durante el citado año tareas propias como cargo intermedio de línea quirúrgica”. Según se apunta, el médico realizó actividad asistencial propia de su puesto base (facultativo especialista en cirugía).
“En este sentido y en relación a las retribuciones fijas percibidas por el citado contrato, el profesional no ha superado el límite establecido en 59.564 euros por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de Julio de 2012. El resto de la cuantía percibida en el año 2013 se trataría de retribuciones variables, por el trabajo realizado en guardias y actividad complementaria, conceptos establecidos en el Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Poniente”.
El total devengado al facultativo fue de 78.680 euros, 19.116 más de lo que permitían las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno andaluz en 2012. A partir del 31 de diciembre de 2015, el citado profesional cesó en el citado puesto, reingresado a su puesto base como médico especialista en Cirugía.
Críticas del PP
Ayer, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, anunció que el PP ha pedido en el Parlamento la convocatoria de la Diputación Permanente para que la consejera de Salud comparezca “de manera urgente” tras el “escándalo” que relata el Informe de la Cámara de Cuentas.
El PP cree que se está ante un “nuevo agujero en la sanidad andaluza” ocasionado por “pagos opacos”, y apunta que la cifra sería mayor a los 2,1 millones, ya que el órgano fiscalizador ha trabajado sólo sobre “un muestro” que no incluye a la totalidad de los centros hospitalarios.
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