La compra de las láminas de Goya se hizo sin expediente

La compra con fondos públicos de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya ‘Desastres de la guerra’ por la que están siendo investigados el exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández y la concejal del PSOE Josefa Cruz se realizó presuntamente sin tramitar “expediente alguno” y “sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales”.

Así se lo ha trasladado el Ayuntamiento carbonero a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera que investiga, a instancias de la Fiscalía, la adquisición realizada en 2009 y también su posterior supuesta “desaparición”.

El escrito en respuesta al oficio de la juez, remitido hace diez días y consultado por Europa Press, informa de que no obran en la Secretaría del Ayuntamiento “antecedentes de que se tramitase expediente alguno para la adquisión de la colección de 80 estampas de Goya titulada Desastres de la Guerra” y añade que, por tanto, “no se puede aportar expediente alguno ni ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales: Alcaldía, Junta de Gobierno Local y Pleno”.

Traslada, asimismo, que solo dispone de una “copia” de la carta de pedido y de la “correspondiente factura” que “fueron facilitadas -matiza- en 2015 por la Editorial Planeta a este Ayuntamiento a requerimiento del concejal de Hacienda”.
En las fotocopias se recoge la carta de pedido a nombre del Ayuntamiento de Carboneras y de su entonces concejal de Cultura, que la firma, y la factura por importe total de 3.250 euros.

Diligencias
El informe llega días antes de que la jueza instructora inicie la ronda de declaraciones en el marco de las diligencias previas incoadas por presuntos delitos de prevaricación. Así, hoy está previsto que comparezca en calidad de perjudicado el actual alcalde carbonero, el independiente Salvador Hernández (Gicar).

La declaración en sede judicial del exalcalde Cristóbal Fernández y Josefa Cruz en calidad de investigados está prevista para el 16 de octubre, el mismo día en que deberán acudir a prestar declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento de Carboneras y también la bibliotecaria municipal.

Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que distinguía entre dos hechos a investigar que pasaría, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la entonces concejal de Cultura, ésta se debió a una “decisión personal suya inmotivada” y “razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público”. Por otro, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz de la colección y “la desaparición posterior de la misma sin que exista constancia de que la misma estuviera en dependencias municipales”.