Investigan la gestión de anteriores corporaciones en Cortijo Cabrera

El Juzgado de Instrucción 3 de Vera ha abierto diligencias previas para investigar la situación urbanística del Plan Parcial de Cortijo Cabrera, en Turre, con 200 viviendas construidas y determinar si se ha producido delito en la gestión municipal de este residencial, en concreto, un presunto delito de prevaricación por parte de anteriores corporaciones.

El procedimiento penal ha sido incoado a instancias de la Fiscalía Provincial, que interpuso denuncia después de que el exalcalde y actual edil de Urbanismo, Martín Morales, pusiese en su conocimiento las investigaciones que llevó a cabo en sus meses como regidor, cuando quiso promover un cambio de Sistema de Actuación de Compensación a Cooperación en el Polígono I Sector R3-1.

“Nuestra intención no es acusar a nadie, sino que pusimos la información de las que disponíamos en conocimiento de la Fiscalía para que se depuren responsabilidades, en caso de haberlas, al considerar que se habían perjudicado los intereses municipales”, ha reconocido Morales a LA VOZ.

Licencias dudosas
En concreto, el juez investiga si hubo irregularidades en la legalización del expediente urbanístico y la tramitación de las licencias de primera ocupación.

En la denuncia interpuesta por el exalcalde se indica que, al menos, 35 viviendas de las 200 construidas mantienen un suministro eléctrico presuntamente ilegal que, al parecer, facilita “en algún caso, presuntamente una constructora de suministros de obra y, en otros casos, de la red de alumbrado público que es propiedad de la junta de compensación según consta en recibos bancarios” si bien “en otros casos los pagos se hacen en efectivo, según los vecinos”.

Apunta, asimismo, la existencia supuesta de viviendas habitadas sin Certificado de Primera Ocupación y, debido a estar en suelo urbanizable no consolidado, con obras de urbanización parcialmente ejecutadas o la división presuntamente irregular en “Unidades Funcionales que no Unidades de Ejecución sin independencia real de infraestructuras, posiblemente con el objetivo de poner un parche y dar licencias de primera ocupación a algunas viviendas”, en lo que Morales califica como “un favor extraordinario a los promotores”.

En esta línea, la denuncia informa de licencias de primera ocupación otorgadas en viviendas situadas en “Unidades Funcionales no recepcionados con la garantía de cheques para terminar la urbanización y no ejecución posterior, ni siquiera subsidiariamente por el Ayuntamiento”. 

La denuncia habla también de un acuerdo presuntamente nulo no denunciado en el año 1993 en asamblea general de la Junta de Compensación Wpor el que contrariamente a la ley se establece que las viviendas pagaran mantenimiento, conservación y servicios y promotores pagarán infraestructura, eximiendo a los primeros de las cargas de urbanización”. Acuerdo que luego no se habría aprobado por el Pleno del ayuntamiento ni se inscribió en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras de la Junta de Andalucía, “requisitos indispensables para poder ejecutarse”.

La denuncia que ha dado lugar a que la Fiscalía pida que se judicialice el caso concluye asegurando la posible existencia de una “presunta trama o tráfico de influencias por parte de sucesivos equipos de gobierno por no poner en conocimiento esta situación y facilitar diferentes formas el agravio de esta situación hasta el momento actual de presunta ilegalidad”.

Testigos
Tras la declaración de Morales, y debido a la enorme complejidad del asunto, la extensión de las diligencias y la imposibilidad de determinar la culpabilidad de ninguna persona física ni jurídica debido al escaso tiempo para estudiar las diligencias, se ha solicitado la comparecencia de siete testigos por su “vinculación directa con la gestión y tramitación de estos expediente urbanísticos”, entre ellos la actual alcaldesa, María Isabel López, como exedil de Urbanismo en esta misma legislatura. También serán citados los exalcaldes Paco Ortega, José Navarro y Arturo Grima, así como los exconcejales de Urbanismo Juan Ángel Guerrero, Diego Jerez y el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez.

Por otro lado, Morales ha solicitado al juez la declaración de especial complejidad de la causa, además de la práctica de diligencias como que se libren oficios a los archivos del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Almería , donde se solicita un informe sobre la situación urbanística en el Plan Parcial de Cortijo Cabrera Polígono I Sector R3-1, sobre la legalización del expediente urbanístico y la tramitación de las licencias de primera ocupación.